Morelia, Mich.

Representantes de la comunidad nahua de Ostula, municipio de Aquila, exigieron a los gobiernos federal y estatal que suspendan los operativos de desarme a los grupos de autodefensa de las regiones Sierra y Costa de Michoacán, los cuales están programados para el próximo 31 de agosto, porque para esas agrupaciones son la única manera que tienen de defenderse de la delincuencia organizada, explicaron.

El asesor jurídico de Ostula, Raymundo Ortiz, y el asesor social Gerardo Camacho señalaron que en estas regiones inhóspitas y desoladas sólo funcionan las tradicionales guardias comunitarias, que pueden estar supervisadas por el gobierno estatal, pero con respeto y lealtad, a diferencia del trato a Cemeí Verdía, comandante de la Fuerza Rural que ha sido tratado como delincuente e incluso está preso.

En un video publicado en la página de Facebook Por un Michoacán libre, Ortiz y Camacho manifestaron que de 2009 a la fecha han sido asesinados 34 comuneros y seis más han sido desaparecidos, sin que las autoridades hagan algo por impedir la presencia y amenaza del crimen organizado.

Exigieron además a la Secretaría de la Defensa Nacional que entregue a las autoridades y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la información necesaria para que sean castigados los responsables de la muerte del niño Hedilberto Reyes, ocurrida el pasado 19 de julio, cuando comunidades nahuas protestaron por la detención de Verdía y fueron reprimidas por fuerzas federales. Dijeron que esa agresión dejó a un joven de 17 años en estado de salud inestable, porque una esquirla se quedó alojada en su cuerpo.

Todas las declaraciones señalaron a los militares como los agresores de quienes estaban en la casa del niño que murió y de cinco personas más que resultaron lesionadas por arma de fuego. La procuraduría estatal prefirió deslindarse de las investigaciones y declararse incompetente, para que fuera la General de la República la que se hiciera responsable del caso, dijo el comunero Antonio Flores.