os cinco diputados que integran la comisión parlamentaria que investiga la participación del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina en una trama de defraudación fiscal pidieron ayer al pleno del Congreso que retire la inmunidad al mandatario. En caso de que el Congreso de Guatemala valide la solicitud, Pérez Molina será puesto a disposición de la justicia común.
Antes, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) habían solicitado a la Corte Suprema de Justicia proceder al antejuicio contra Pérez Molina por indicios de que estaba involucrado en la red de corrupción denominada La Línea, en la que funcionarios y particulares desfalcaron al fisco millones de dólares al recibir sobornos de empresarios a cambio de ayudarlos a evadir impuestos aduaneros.
Pese a las multitudinarias protestas que se han sucedido en el país centroamericano desde que en abril la CICIG –entidad de la Organización de Naciones Unidas, independiente del gobierno guatemalteco y con funciones de coadyuvante de la fiscalía– dio a conocer la trama corrupta de La Línea, presuntamente coordinada por el secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, el general retirado se ha negado a abandonar la presidencia y en cambio ha denunciado una persecución en su contra.
Otto Pérez Molina es un ex militar vinculado a los gobiernos golpistas que dirigieron Guatemala durante la prolongada guerra civil que finalizó con los Acuerdos de Paz suscritos en 1996, de los cuales fue firmante. Durante los 36 años que duró el conflicto armado, el Ejército combatió a la guerrilla incurriendo de manera reiterada en prácticas como masacres, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. En particular, los señalamientos contra el actual presidente provienen de su participación en la Fuerza de Tarea Gumarcaj, grupo antiguerrillero creado por el ex dictador Efraín Ríos Montt a principios de los años 80 y acusado de genocidio por el exterminio de 26 aldeas de la etnia ixil en el municipio de Chajul, Quiché.
Así, el hecho notable no es sólo que hoy el gobierno de Pérez Molina esté al borde del colapso ante la confluencia del descontento ciudadano y la presión de sectores poderosos que buscan el fin de su administración corrupta, sino también que el general retirado haya alcanzado la presidencia pese a las acusaciones por crímenes de lesa humanidad que pesaban en su contra desde tiempo atrás. Más allá de los reacomodos y las fracturas cupulares que se encuentran tras la crisis política guatemalteca, existe un indudable consenso social signado por el hartazgo ante los sucesivos gobiernos surgidos en un contexto pretendidamente democrático, pero que hasta ahora no han mostrado voluntad alguna de resolver los graves problemas que atraviesa una amplia mayoría de la población.
Por ello, la aplicación de la ley al presidente es un reto para la institucionalidad de Guatemala, a la vez que una perspectiva para la consecución de la justicia, así sea de manera tardía. Cabe esperar que la sociedad guatemalteca se imponga a los intereses cupulares –tanto internos como foráneos– que buscan beneficiarse del hartazgo popular y salga de esta coyuntura fortalecida en su lucha por la limpieza de las instituciones y la construcción de un poder público legítimo, dedicado a resolver de las carencias de la población.
