Bogotá.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viajó ayer a Cúcuta, 600 kilómetros al noreste de Bogotá y epicentro de la crisis fronteriza con Venezuela, para ratificar ante unos mil colombianos deportados de Venezuela la semana pasada la voluntad de su gobierno de proveer alimentos y servicios educativos a las personas que han sido alojadas en campamentos provisionales ubicados en la zona limítrofe.

Aquí estamos para atenderlos. Siéntanse en casa. Vamos a ayudarlos en todo lo que podamos, a darles empleo y que sus hijos vayan al colegio y no pierdan un día de clases, aseveró Santos, quien el viernes reafirmó el interés de su gobierno por solucionar cualquier controversia con Venezuela.

La tensión entre Bogotá y Caracas comenzó el 19 de agosto, cuando sujetos armados atacaron a militares venezolanos que participaban en una operación anticontrabando.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, atribuyó las acciones a paramilitares colombianos –sin dar mayores explicaciones– y ordenó el cierre de la frontera que comunica a la localidad venezolana de San Cristóbal, estado de Táchira, con Cúcuta, departamento de Norte de Santander. El 21 de agosto el mandatario decretó estado de excepción por tiempo indefinido y según el gobierno de Colombia 6 mil personas volvieron voluntariamente la última semana a Colombia por temor a ser deportadas.

En Cúcuta, ciudad de unos 700 mil habitantes con fuertes vínculos económicos con Venezuela y estrechos lazos de sus pobladores con los ciudadanos del país vecino, se siente ya el impacto económico del cierre de la frontera, en especial por la falta de gasolina venezolana, la cual es vendida ilegalmente en Colombia.

Nosotros, desafortunadamente, nos acostumbramos a vivir del contrabando, señaló Fernando Flores, colombiano que esperaba para cargar combustible en Cúcuta.