El presidente Enrique Peña Nieto enviará al Congreso una iniciativa que otorgue facultad al Ejecutivo de crear zonas económicas especiales. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, expuso que la intención de dicha medida obedece a los comportamientos diferenciados en distintas regiones de la República.

La atención de la administración federal, puntualizó Videgaray, se concentrará en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde no se observan efectos positivos de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y de la inserción de México a la globalidad.

Al anunciar dicha medida a los diputados electos de PRI y PVEM, el funcionario argumentó: hay que ser autocríticos, a lo largo de los últimos años, con independencia de qué partido político ha estado en el poder, la estrategia de desarrollo en el sur del país ha tenido un carácter dominantemente asistencial.

Hay estados, dijo, donde se han creado programas muy positivos para abatir carencias básicas, que sin duda hacen una diferencia en la vida de las familias pobres, pero, hay que reconocerlo, no son promotores del empleo, de la inversión y, por tanto, del crecimiento económico.

Agregó: Lo que es un hecho es que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, y lo que no podemos hacer, quienes somos originarios del centro o del norte del país, es desentendernos del problema... Hoy una parte del país se está rezagando, así que tenemos que pensar con audacia, con creatividad en nuevas estrategias de desarrollo para el sur del país.

Las zonas económicas, precisó, son figuras que nunca se han utilizado en México, que podrán intentarse no con una lógica asistencial ni una lógica remedial, sino con una apuesta a crear desarrollo.

Para las zonas especiales, añadió, habrá ventajas fiscales. También un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel, programas de apoyo y otros estímulos y condiciones preferenciales.

De tal forma se creará la figura jurídica de zona especial, fijando requisitos para su implementación; se aplicará una vigencia mínima a los incentivos fiscales, y se habrán de establecer facultades a las dependencias de los tres niveles de gobierno para aplicar programas y políticas especiales.