yer, en un encuentro con legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, señaló que habrá un ajuste a la baja en las expectativas económicas del gobierno peñista a consecuencia de la incertidumbre internacional y anunció que el Ejecutivo federal propondrá la creación de zonas económicas especiales en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entidades donde –dijo– no se han observado aún los beneficios de la actual política económica y de la inserción de México en la globalidad.

Aunque el titular de Hacienda pidió no realizar ejercicios prospectivos en torno a la economía con base en un optimismo infundado, él mismo incurrió en una actitud semejante al esbozar, frente a sus compañeros de partido, explicaciones de la devaluación del peso frente al dólar y la caída en el precio del petróleo, dos de los fenómenos más preocupantes de la coyuntura actual: del primero, retomó el argumento del presidente Enrique Peña Nieto respecto de las supuestas ventajas competitivas que implican la depreciación de la moneda nacional frente a la estadunidense; del segundo, calificó de buena noticia que la dependencia a su cargo haya adquirido coberturas para asegurar un precio de 49 dólares por barril para la mezcla mexicana.

Si bien es entendible el afán del gobierno por tranquilizar al conjunto de sus interlocutores en la actual coyuntura económica, las posturas expresadas por Videgaray resultan, en el momento presente, un factor adicional de preocupación. En primer lugar, se pasa por alto que la actual depreciación del peso –que ha perdido 32 por ciento de su valor en lo que va del sexenio– se traduce en un incremento en la deuda externa e interna, no sólo del gobierno, sino también de la iniciativa privada, además del encarecimiento de bienes y servicios que se cotizan en dólares. No resulta, pues, tranquilizador que el grupo gobernante se empeñe en presentar ese fenómeno como algo deseable y hasta necesario para potenciar la economía.

Por lo demás, los dichos de ayer no hacen sino confirmar las advertencias formuladas por diversos actores políticos, académicos y sociales desde principios de 2013, de que las reformas fiscal y energética estaban estrechamente vinculadas, pues la primera tenía como propósito compensar –mediante la recaudación de mayores impuestos a los ciudadanos– la merma de la renta petrolera que habría de ocasionar la segunda, al transferir parte de las utilidades de la industria correspondiente a agentes privados. Lo que no era previsible hace dos años era la brusca caída de los precios internacionales del crudo, un fenómeno que, de continuar en 2016, conllevará una contracción adicional en el gasto público y, por ende, en el conjunto de la economía, a pesar de las coberturas contratadas por el gobierno federal.

Finalmente, la mención de una iniciativa para crear zonas especiales e impulsar el desarrollo del sur del país parte de un supuesto sólo parcialmente cierto: es verdad que esa región es la más rezagada en términos sociales y económicos y que requiere de apoyo, pero eso no se traduce en la necesidad de una profundización de recetas neoliberales, como parece inferirse del discurso de Videgaray.

Lo que se requiere, en cambio, es de una política económica que permita redistribuir el ingreso de las zonas más prósperas a las más necesitadas. De hecho, si al día de hoy hay una presión evidente hacia un menor crecimiento, como afirmó Videgaray, la realidad es que ese fenómeno –el estancamiento económico– no es coyuntural: se ha mantenido prácticamente incólume durante las últimas tres décadas y la política económica neoliberal adoptada acríticamente en el país por las recientes administraciones federales, incluida la actual.