Al ventilarse la propuesta de Ricardo Anaya para que el diputado electo Marko Cortés ocupe la coordinación de su partido en la Cámara de Diputados, se generó inconformidad en la fila de la comisión permanente del blanquiazul.

La víspera se filtró a los medios el nombre de Cortés, promovido por el presidente electo de ese instituto político, cuestión que recibió el rechazo mayoritario de los legisladores que respaldan a Gustavo Madero.

No obstante que Marko Cortés es un hombre cercano a Madero, a Ricardo Anaya y a Santiago Creel, la posibilidad de ser ubicado como líder de la bancada panista en San Lázaro, sufrió un revés.

El nombramiento del coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados se dará en el seno de la reunión plenaria de los legisladores de ese partido, a celebrase el próximo lunes y martes en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Así lo marcan los estatutos del PAN y fue el argumento utilizado por quienes se oponen al nombramiento tácito de Marko Cortés como coordinador.

Ulises Ramírez, quien habrá de integrar la 63 Legislatura en la Cámara de Diputados, confirmó a este diario que el nombramiento del nuevo coordinador deberá someterse a una consulta entre los integrantes de la bancada. También Cecilia Romero, quien forma parte de la comisión permanente panista, ratificó tal posición.

Corresponde a los diputados panistas elegir a su nuevo coordinador y el nombre de Gustavo Madero no figura hasta hoy como posibilidad de ocupar la coordinación en San Lázaro.

Sin embargo, ayer se interpretó en la comisión permanente que la ausencia de Madero en el debate contribuye a la versión de su probable nombramiento por aclamación como coordinador.

Aproximadamente 80 de los nuevos legisladores panistas (de 115 en total) respaldan a Gustavo Madero como candidato a ocupar la citada posición.

En tanto, los diputados panistas propondrán como una de sus prioridades, en la reunión de Tijuana echar abajo la tóxica reforma fiscal. Consideran también necesario disminuir las tasas del impuesto sobre la renta a personas morales, exentar del pago de impuestos al transporte público terrestre y reducir la tasa de IVA en la frontera norte de 16 a 11 por ciento, al sostener que los ciudadanos de esa región sufrieron un aumento de 45 por ciento en su carga fiscal.