Con un proceso plagado de irregularidades, Nestora Salgado García cumple este viernes dos años en prisión, sin que se prevea el final de los juicios, y con ello su posible liberación.

Exonerada desde marzo del año pasado por la justicia federal, la defensora comunitaria y dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del municipio de Olinalá, en la región de La Montaña guerrerense, todavía enfrenta tres causas penales del fuero común por el delito de secuestro agravado.

En dos años de proceso, ninguno de sus 53 acusadores se ha presentado ante los juzgados a ratificar sus denuncias. Con ello se da una nueva violación a la ley y a sus derechos humanos, al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos.

Para César Sandino Rivero, uno de los abogados de Salgado, su prolongado encarcelamiento, pese a las pruebas insuficientes y abiertamente contradictorias, es un empecinamiento oficial de mantenerla en prisión. No hay una explicación legal para una acción así, dijo.

Pero tampoco se observa una luz que aliente la llegada de la justicia y con ella de la libertad, pese a la presión de organizaciones nacionales y extranjeras de derechos humanos y de la sociedad civil, en la que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado medidas cautelares que el gobierno mexicano ha mostrado fuertes reticencias en acatar.

Prueba de ello es que en mayo pasado, en el contexto de la puesta en marcha de estas medidas ordenadas por la CIDH, y ante la negativa inicial de trasladarla de penal para salvaguardar su vida, Nestora Salgado inició una huelga de hambre de 31 días, que logró que finalmente fuera cambiada del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, a la Torre Médica del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, en la capital del país.

De nada ha servido que el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, haya considerado a la comandanta Salgado como presa política. Incluso, desde enero pasado, el mandatario estatal declaró que debía salir libre, para lo cual solicitó a la Fiscalía General de Guerrero el desistimiento de la acción penal, hecho que no ha ocurrido. Tampoco ha procedido la ley amnistía que dijo iba impulsar.

Para múltiples organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos, se trata de un caso de criminalización contra los defensores de los derechos humanos.

Nestora Salgado García pudo haber vivido sin problemas el sueño americano. En 1991, con 20 años de edad, migró sin papeles a Estados Unidos. Trabajó arduamente en el estado de Washington como recamarera, sirvienta, niñera y mesera. Pero decidió regresar a su pueblo, Olinalá, y organizar allí la lucha contra el crimen organizado. Y por ello ha debido pagar un precio muy caro. El 21 de agosto de 2013 fue arrestada, escribe Luis Hernández Navarro, en su libro Hermanos en armas. Policías comunitarios y autodefensas.

Pero la detención de la comandanta se dio en un fuerte operativo policiaco en el que intervinieron el Ejército, la Marina, y las policías federal, estatal y municipal, e inmediatamente, de manera ilegal, trasladada al penal federal de Tepic, donde durante 17 meses quedó confinada al aislamiento, y sin la atención médica que requerían diversos padecimientos surgidos a raíz de un accidente automovilístico diez años atrás.

De inmediato, luego de que se le negara una defensa privada, le fue asignado un abogado de oficio, quien de manera inexplicable no apeló los cargos que se le imputaban de delincuencia organizada y secuestro, ni solicitó los amparos correspondientes. Este recurso hubiera obligado al juez a absolverla de todo cargo, ya que la actividad de seguridad que realizaba la señora Salgado con las policías comunitarias no es equiparable con el delito de delincuencia organizada, explicó el abogado Sandino.

Han sido dos largos años en los que las autoridades de diferentes niveles han dedicado, intencionalmente, a administrado el proceso judicial para mantener en prisión a la comandanta que en su tarea al frente de las CRAC-PC descubrió, incluso, una red de trata y pornografía infantil en Guerrero, en la que los indicios apuntaban a autoridades municipales, ligadas al crimen organizado. Algunas de estas evidencias se entregaron a elementos del Ejército, según ha revelado la misma señora Salgado.