A partir de hoy, faltan 303 días para cumplir con la obligación constitucional de la aplicación en todo el país del nuevo sistema de justicia penal oral, y si bien las entidades federativas han avanzado, ‘‘el tiempo apremia’’ y la Carta Magna no admitirá prórroga alguna, recordó el presidente Enrique Peña Nieto.

Ante los responsables de la procuración de justicia en el país, reunidos en su 33 asamblea, el mandatario ubicó a aquélla como ‘‘un valor consustancial a una nación democrática’’, condición indispensable para el progreso armónico de toda la sociedad, pilar del orden constitucional y sustento básico de la gobernabilidad, de la paz y de la tranquilidad social.

‘‘Procurar justicia –puntualizó– es un deber fundamental de todo Estado. Exigirla con prontitud y certeza es un derecho fundamental de toda persona’’.

Las instituciones encargadas de la procuración de justicia, dijo enseguida, afrontan los retos de sujetar su actuación a los más altos estándares de respeto a los derechos humanos, ser eficaces en una época donde la sociedad demanda resultados inmediatos, y estar a la altura de la transformación del sistema de justicia penal.

De acuerdo con información oficial, hay dos estados –Chihuahua y Nuevo León– donde el nuevo sistema de justicia penal opera de manera óptima. En seis entidades su avance es alto –Distrito Federal, Guanajuato, Durango, Morelos, estado de México y Yucatán–, en 10 se considera medio alto –Colima, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Baja California, Querétaro, Puebla, Chiapas y Coahuila.

Once estados más tienen calificación media –Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Campeche, Hidalgo, Sinaloa y Tabasco–, y en nivel medio bajo se encuentran Sonora y Baja California Sur.

Se establece, además, que seis de cada diez mexicanos ya tienen acceso al sistema de justicia penal acusatorio y oral. Este modelo, aseguró el presidente Peña, ‘‘acerca la justicia a la sociedad’’ para hacerla más pronta, eficaz y mucho más transparente. Para su puesta en operación, dijo, se han destinado 10 mil millones de pesos, equivalentes a una inversión 337 por ciento superior a la destinada en el periodo 2008-2012.

Pidió coordinación a los procuradores para este proceso de cambio y emplear la asamblea para reconocer ‘‘cuáles son las deficiencias’’ en las fiscalías, y aquellas que merecen atención, apoyo y respaldo de otras áreas.

De acuerdo con la Presidencia, en la primera mitad de esta administración han disminuido todos los delitos y se ‘‘neutralizó’’ a 92 de los 122 ‘‘objetivos’’ más importantes. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes pasó de 22.1 en 2012 a 16.4 el año pasado. Asimismo, el secuestro se redujo en 30.1 por ciento en los primeros siete meses de este año contra 2014.

En la ceremonia, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, resaltó a la coordinación institucional como la única vía para cumplir los objetivos de justicia. ‘‘La cambiante situación de las estrategias de la delincuencia nos obligan a revisar las propias, a redoblar el paso en las áreas donde se avanza, pero también a identificar con claridad los espacios donde todavía nos falta por hacer’’, indicó.