Este sábado se cumplen 200 días de que, por disposición presidencial, se archivó el proyecto original de esta administración de desahuciar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), se designó a Virgilio Andrade como nuevo titular y se anunció una serie de medidas anticorrupción como parte de un paquete, que incluía un medida extraordinaria: que el nuevo integrante del gabinete investigara el conflicto de intereses de su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, con algunos empresarios que han recibido numerosos contratos.

Seis meses después de haber comenzado las indagatorias no se ha conocido nada. Ni un sólo avance. Varios de los compromisos que entonces ofreció Peña Nieto para amainar el escándalo de la Casa Blanca se han concretado.

Esas acciones fueron ofrecidas tras las críticas que se habían desatado luego de salir a la luz pública el reportaje que meses antes salió en torno a la casa que su esposa, Angélica Rivera, iba adquirir, con valor de 7 millones de dólares, era propiedad del consorcio Ingeniería Inmobiliaria del Centro, perteneciente al Grupo Higa –cuyo dueño es Juan Armando Hinojosa–, uno de los que más contratos había recibido por Peña Nieto desde que era gobernador del estado de México.

Desde su designación, el pasado 3 de febrero, era claro que la atención central para evaluar el desempeño de Andrade sería en función de los resultados de las investigación sobre la Casa Blanca.

A pesar de las presiones de que se resuelva el caso, para el secretario, más allá de que se concluya con la investigación al Presidente, lo importante son las reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción.