Amnistía Internacional (AI) sección México solicitó a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, que las leyes para prevenir y sancionar la tortura, y contra la desaparición forzada de personas, no sean presentadas por el Ejecutivo federal como ‘‘iniciativas preferentes’’, pues esta característica limitaría el tiempo de discusión y de consulta de la sociedad civil y de las organizaciones que trabajan sobre estos temas.

En una reunión el pasado lunes en las oficinas de la titular de la PGR –la primera que sostienen con la funcionaria del gobierno federal–, directivos de AI México expresaron sus preocupaciones ‘‘más fuertes’’ sobre la situación que en materia de derechos humanos vive el país, como son las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura.

Perseo Quiroz, secretario ejecutivo de Amnistía Internacional México, explicó que la petición sobre las iniciativas de ley que se preparan se debe al interés y preocupación de la organización internacional por abrir un proceso consultivo amplio para su elaboración.

‘‘Nosotros estamos de acuerdo en que esto pueda sacarse en el periodo de 180 días que establece la reforma constitucional sobre desaparición forzada, pero tiene que ser una discusión exhaustiva, no apresurada, porque hay muchos temas que deben ser discutidos de manera muy responsable y amplia’’, dijo el directivo, quien reveló que hubo un compromiso expreso de la procuradora Gómez para tener ese espacio de discusión.

En abril pasado fue aprobada una reforma constitucional que permite al Senado expedir leyes generales en materia de desaparición forzada, tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes, con un plazo de 180 días a su entrada en vigor, periodo que vence los primeros días de enero.

En tanto, las ‘‘iniciativas preferentes’’ son una facultad que tiene el Ejecutivo federal para enviar hasta dos proyectos de ley o decreto el día de apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, para que sean discutidas y votadas por el pleno en un plazo máximo de 30 días naturales.

Por otra parte, Perseo Quiroz, informó que durante el encuentro –que duró más de dos horas– intercambiaron puntos de vista sobre diversos temas relacionados con los derechos humanos, en el cual también se abordó el caso Ayotzinapa.

Incluso, AI México planteó la conveniencia de ampliar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para poder concluir su labor en la asesoría técnica de las investigaciones y el apoyo a la solicitud de que sean entrevistados los militares que estuvieron en Iguala el 26 y 27 de septiembre pasado, cuando desaparecieron los estudiantes normalistas.

Finalmente, abordaron los casos de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey, muertos en marzo de 2010 por elementos del Ejército y a quienes les plantaron armas para hacerlos pasar por criminales, informando incluso que habían abatido a dos sicarios. Hasta el momento no hay consignaciones.