Un juez federal con sede en Monterrey, Nuevo León, condenó a 31 años y 3 meses de cárcel a un subteniente del Ejército por el delito de desaparición forzada de una persona, en lo que representa uno de los primeros casos en los que un impartidor de justicia sentencia a un militar por un ilícito de este tipo.

En el año 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los miembros de las fuerzas armadas que cometan crímenes contra civiles deberán ser procesados por jueces que no formen parte del fuero castrense.

En una tarjeta informativa emitida por el juzgado, en la que se omitió informar los nombres del acusado y de la víctima, se dio a conocer que la persona afectada fue privada de su libertad en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, el 20 de mayo de 2012, y hasta la fecha permanece desaparecida. Luego de consultar la lista de notificaciones del juzgado primero de distrito en materia penal en Nuevo León se pudo conocer que el sentenciado de la causa penal 104/2013 se llama Danny Hernández Sánchez.

‘‘El juez Eustacio Salinas Wolberg basó su sentencia en la grave afectación o peligro a los bienes jurídicos tutelados, a saber, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito, así como el ámbito de protección a los familiares, víctimas indirectas del mismo, por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero del desaparecido, además de la violación al derecho a la verdad’’, informó la Judicatura Federal.

Asimismo, ‘‘ponderó el perjuicio causado al propio Ejército Mexicano, el cual desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas, al colaborar con las instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada’’, añadió.

Hernández Sánchez es técnico en administración militar, egresado en 2002 de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea.

El militar también fue destituido del Ejército e inhabilitado por 15 años y tres meses para el servicio público, aunque puede impugnar la condena ante un tribunal unitario.