Con el propósito de garantizar un manejo responsable, eficiente y prudente de las finanzas de los gobiernos estatales y municipales, así como potenciar la transparencia y rendición de cuentas de sus niveles de endeudamiento, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El mandatario destacó que esta ley secundaria de la reforma constitucional incluye mecanismos de medición y control del balance fiscal de estados y municipios a fin de lograr que ingresos y egresos de sus gobiernos mantengan sano equilibrio. Incorpora reglas para limitar el crecimiento de los servicios personales y dispone que excedentes en los ingresos se canalicen a amortizar la deuda.

Con la nueva legislación, estados y municipios podrán contar con el aval del gobierno federal para la contratación de deuda, fijándose reglas y condiciones para tal efecto. La garantía federal –como ocurre en el endeudamiento del Distrito Federal– permitirá reducir el costo del financiamiento, de deudas estatales y municipales, pues supondrá tasas de interés y plazos más accesibles.

Al mismo tiempo, lograr este aval –que tendrá como tope máximo para la Federación 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB)– alentará que los gobiernos tengan solidez financiera, pues para obtenerlo deberán alcanzar un convenio con la Federación y contar con el respaldo del Congreso local para asumir las responsabilidades puntuales de la situación financiera.

Ante una veintena de gobernadores convocados en Palacio Nacional, Peña Nieto agregó que en la iniciativa, si bien no se prohíbe a los estados contratar deuda, fija reglas que controlarán los niveles de endeudamiento. Los créditos sólo podrán adquirirse con la institución financiera que ofrezca mejores condiciones de mercado y deberá contar con el respaldo de la mayoría calificada del Congreso local.

Dicha deuda deberá transparentarse y destinarse exclusivamente a inversión pública o a mejorar el perfil crediticio del gobierno solicitante. Además, los créditos de liquidez de corto plazo tendrán que ser saldados, al menos, tres meses antes de que concluya la administración que lo solicite.

Bajo este esquema se evitará que cuando un gobierno esté a punto de concluir su gestión, adquiera o contrate nuevos empréstitos, que tenga que dejar para el pago, sobre todo aquellos de corto plazo, a las administraciones siguientes.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que comparativamente con otros países, México tiene un bajo nivel de endeudamiento estatal y municipal, pues suma 2.9 por ciento del PIB, frente al 12 de Brasil o 18 de Estados Unidos. Sin embargo, entre 2008 y 2013, esta deuda creció de 1.7 por ciento del PIB al 3.1 por ciento, y si bien se ha revertido en los dos años pasados, en el periodo registró un acelerado crecimiento, aunque se mantiene en niveles manejables.

Señaló que si bien son una minoría, existen entidades federativas que presentan niveles muy altos de endeudamiento o problemas financieros para el pago de proveedores y contratistas. La ley será un eficaz instrumento del Estado para atender problemas focales bajo tres principios: responsabilidad, transparencia y colaboración.

Peña aprovechó para aludir al contexto económico internacional afectado por la desaceleración de las economías, la creciente volatilidad financiera y una mayor aversión al riesgo. Entorno que provoca que los inversionistas globales y las grandes empresas busquen canalizar sus inversiones en el país que les genere certidumbre y confianza.

Frente a este complejo entorno, reivindicó acciones de su gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica: un ajuste preventivo del gasto público y la proyección del presupuesto de 2016, sobre base cero. Esto implicará una reingeniería de la propuesta de presupuesto para privilegiar el gasto en proyectos de inversión, eficientar los recursos públicos y priorizar los recursos a aquellos programas que generen mayores beneficios o de impacto sobresaliente.

Al abundar sobre la iniciativa –que se desprende de la reforma constitucional que confrontó al Senado con la Cámara de Diputados en su momento–, el presidente dijo que se creará el Registro Público Único para que los gobiernos estatales y municipales inscriban y transparenten todas sus obligaciones financieras, incluyendo las contratadas bajo esquemas de asociación público-privada. Se actualizará constantemente y podrá verse en Internet.

Se conformarán sistemas de alerta de deuda pública de estados y municipios, a efecto de que se identifique a aquellos que tienen elevados niveles de endeudamiento que generen medidas correctivas. Favorecerá que aquellas entidades que tengan un buen desempeño financiero contraten deuda en mejores condiciones.