En los pasados 10 años México ha gastado 412 mil 217 millones de pesos para atender efectos de fenómenos naturales: huracanes, sismos, deslaves, incendios, inundaciones, sequías y heladas, entre otros.

A valores actuales, ese monto alcanzaría para cubrir casi 12 años el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México o tres años el de la Secretaría de Salud.

Si se toma de referencia el inicio del milenio, el promedio de esos fondos es de unos 28 mil millones de pesos por año, según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SG).

El número de fallecimientos de 2014 a la fecha supera 5 mil, de 2005 a 2012 fueron 4 mil 479 y en 2013 las tormentas Ingrid y Manuel dejaron 150.

Sin embargo, el gasto en prevención sigue siendo ínfimo respecto del total del gasto en atención a emergencias, desastres y reconstrucción.

En octubre se va a lanzar un proyecto, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para invertir más en prevención antes de atender un desastre. Esa es la nueva política pública y nos tenemos que ir por ese lado, señaló Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la SG.

Las autoridades elaboran el informe integral de los costos del bienio 2013-2014 y los estudios serán enviados al Congreso de la Unión para que se amplíen los recursos para prevención.

Las principales afectaciones, además de fallecimientos, ocurren en casas, escuelas y hospitales. Durante el periodo 2000-2012, un millón 169 mil viviendas resultaron afectadas. Fue un impacto, sólo en ese rubro, de 22 mil millones de pesos.

En ese lapso 23 mil 935 unidades educativas fueron perjudicadas, es decir, un promedio de mil 841 planteles dañados al año.

Entre 2000 y 2012 el impacto económico estimado de los eventos evaluados para el sector salud fue de 4 mil 272.6 millones de pesos en mil 939 unidades de salud con algún grado de afectación.

Uno de los planes para revertir esta tendencia y hacer frente a los fenómenos es la actualización del Atlas Nacional de Riesgos (ANR), integrado por bases de datos acerca de amenazas, vulnerabilidades y peligros contingentes en territorio nacional.

Adicionalmente, el gobierno federal instalará el centro nacional de emergencias, punto neurálgico –en materia de comunicaciones e intercambio de información vía satelital y fibra óptica– que será operado de manera permanente en el edificio de la coordinación nacional de Protección Civil.

La inversión estimada para su puesta en marcha, a más tardar la primera quincena de septiembre próximo, es de 200 millones de pesos. Sus instalaciones serán consideradas de seguridad nacional.

En cuanto al ANR, la SG afirma que es hoy una realidad y cuenta con la base de datos más completa del país acerca de amenazas, vulnerabilidades y riesgos.

Actualmente 29 atlas estatales están listos y se encuentran en proceso de elaboración los de Baja California Sur, Quintana Roo y, con mayor rezago –por cuestiones financieras–, Sinaloa. De los 2 mil 445 municipios que hay en territorio nacional, apenas 12 por ciento, es decir 292, cuentan con atlas de riesgo municipales, advierte el reporte Elaboración de criterios y lineamientos para la gestión de riesgos ante el cambio climático, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Mora.

Los atlas integran información sobre población, vivienda, diversos tipos de infraestructura, programas internos, hospitales seguros y patrimonio cultural e histórico, así como actividad económica.

Ante una contingencia, la información –por ejemplo en una escuela– se envía al Centro de Emergencias para una reacción inmediata, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión Federal de Electricidad.

¿Qué pasa con el Atlas Nacional de Riesgo, con 16 mil capas (fichas de datos)? La información se volvió lenta. Ahora se usará un nuevo software para que todas las dependencias lo tengan a la mano, con base en la información que les entregará el Centro Nacional de Emergencias, explicó Felipe Puente.

Para que todo el entramado opere, dijo, es imprescindible mayor conciencia de los gobiernos municipales sobre su responsabilidad.

La ley actual en la materia prevé capacitación en materia de protección civil, específicamente en gestión integral del riesgo y, sobre todo, responsabilidad de los funcionarios.

Entre las acciones preventivas destaca la firma de un convenio con la asociación que agrupa a 17 mil empresas de la construcción para que adopten un plan preventivo. También un inventario de refugios; a la fecha hay datos de 14 mil 772 refugios temporales, con capacidad para 3.5 millones de personas.