En la elaboración de la ley general para la búsqueda de personas no localizadas y la prevención y sanción del delito de desaparición forzada no habrá borrón y cuenta nueva sino una revisión histórica del problema.

También se generará un registro nacional confiable de personas en esta situación y se propone homologar y elevar al nivel máximo las penas a quienes incurran en el delito de desaparición forzada, informaron funcionarios federales.

De lo que se trata es de encontrar con vida a una persona no localizada, pero al mismo tiempo sancionar con todo el rigor de la ley, de entre 50 y 100 años, a cualquier servidor público que se haya alejado de su mandato original, para cometer el delito de desaparición forzada, dijo ayer David Arellano Cuan, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Se hará una tipología penal para diferenciar la no localización y la desaparición forzada.

El registro actual, compilado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de Gobernación, refiere un universo de más de 25 mil personas no localizadas, cuyos expedientes están a cargo de las procuradurías estatales y de la General de la República (PGR); sin embargo, las autoridades consultadas no dan por ahora un número más específico de las desapariciones vinculadas a la acción del crimen organizado.

En cuanto al fuero federal, José Alberto Rodríguez Calderón, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, señaló que el aumento en la incidencia de personas no localizadas en Guerrero deriva de la desaparición de 43 estudiantes, en septiembre de 2014 (caso Ayotzinapa).

De 631 expedientes de personas no localizadas de jurisdicción federal, 190 corresponden a hechos ocurridos en Guerrero, 109 en Tamaulipas, y 80 en Veracruz, según el dato más reciente de cifras oficiales, actualizado al 30 de junio pasado.

A escala del fuero común, la cuenta –hasta el 30 de abril pasado– es de 25 mil 398 casos; una quinta parte, sucedidos en Tamaulipas. En el nivel de poco más de 2 mil averiguaciones están Jalisco, estado de México y Nuevo León.

El subprocurador precisó que uno de los fines de la pretendida Ley General es la creación de un registro nacional verificable porque, señaló, ya no se pueden dar números a la ligera sino los de un banco de datos integrado con base en métodos científicos y sin límite de tiempo.

Aquí no hay borrón y cuenta nueva. El asunto es saber qué es lo que está atrás del momento en que inicia esta ley y lo que venga, declaró. Esta nueva normatividad requiere, para efectos de su efectiva operación, más recursos para procuradurías.

Después de la reforma constitucional en la materia, el Legislativo previó un plazo de seis meses para la expedición de la ley referida. Este jueves se expondrá el proyecto a organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que la meta es garantizar una búsqueda eficaz de personas con vida y, en el caso de la desaparición forzada, que funcionarios presuntamente involucrados la comisión de ese delito no participen en la investigación de estos mismos casos.