Brasilia.

El gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, lanzó este martes el Programa de Inversión de Energía Eléctrica (PIEE), que prevé destinar unos 56 mil 300 millones de dólares con el fin de garantizar más energía a la población en todo el país a precios competitivos con el mercado internacional.

Los fondos del PIEE se destinarán de la siguiente manera: 35 mil 100 millones de dólares a obras para la generación de energía y otros 21 mil 200 millones de dólares para unos 38 mil kilómetros de líneas de transmisión.

El programa se implementará por medio de contratos que serán firmados a partir de este mes y hasta diciembre de 2018, previo llamado a licitaciones.

En medio de una creciente presión de la oposición, que exige un juicio para destituirla, Rousseff calificó de agenda positiva el conjunto de propuestas planteadas por el presidente del Senado, Renan Calheiros, para superar la crisis y reanudar el crecimiento.

Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) entregó este martes al gabinete ministerial una lista de 27 puntos, entre ellos regularizar la subcontratación laboral, reformar la ley de licitaciones y la responsabilidad fiscal para empresas estatales. La lista incluye una propuesta para que la presidencia firme un compromiso de no volver a practicar atrasos en el cumplimiento de las metas fiscales y mantener las cuentas públicas en orden.

Pero el presidente de la Cámara de Diputados, el opositor Eduardo Cunha, cuestionó la posilidad de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado, al afirmar que esa agenda requiere el aval expreso de la cámara baja, mientras el gobernante Partido de los Trabajadores, al que pertenece Rousseff, rechazó varios puntos de la agenda Brasil, entre ellos la posibilidad de cobrar los servicios que presta el Sistema Universal de Salud y la adopción de una edad mínima para la jubilación.

Por lo pronto, el fiscal del Tribunal de Cuentas Federal de Brasil, Mulio Marcelo de Oliveira, dijo que Roussef puede ser investigada por prácticas contables dentro del gobierno.

Dijo que Rousseff violó la ley de responsabilidad fiscal al retrasar sistemáticamente los pagos a los prestamistas estatales para emplear el dinero en el financiamiento de programas sociales como el seguro de desempleo.

El retraso en los pagos se tradujo en que las cuentas fiscales parecían ser más saludables de lo que eran realmente. La práctica habría tenido como objetivo mostrar que el gasto no es tan alto y mejorar las posibilidades de relección de Rousseff, indicó Reuters.

El gobierno niega cualquier irregularidad y sostiene que cumplió la ley en sus prácticas contables del año pasado, si bien reconoció que retrasó el pago a los prestamistas estatales debido a un limitado flujo de caja en el momento, pero que esto no viola la ley.

El fallo del TCU no es jurídicamente vinculante, pero podría ayudar al Congreso a decidir si Rousseff violó las reglas fiscales, allanando el camino para el que sería el primer intento en el país por destituir a un presidente en ejercicio desde 1992. Se espera que el TCU anuncie su decisión a finales de agosto.

Para el próximo domingo 16 de agosto la oposición convocó a una marcha multitudinaria para exigir el juicio político contra la mandataria.