Moscú.

El gobierno de Kiev y los dirigentes separatistas de Donietsk y Lugansk, mediante el constante intercambio de acusaciones, se endosan la responsabilidad por la escalada del conflicto en el este de Ucrania, mientras los acuerdos de Minsk –que en febrero anterior lograron un precario cese del fuego, violado infinidad de veces con bombardeos de uno y otro lado– penden de un hilo ante la falta de avances para sentar las bases de una solución negociada.

El más reciente encuentro del grupo de contacto –formado por representantes de Ucrania y los territorios que no se subordinan a Kiev, con la mediación de Rusia y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa– terminó en rotundo fracaso, sin ningún progreso respecto de las controversias que mantienen las partes en conflicto.

Por ahora no hay el más mínimo entendimiento respecto de la línea de demarcación de la zona que se declara independiente, el estatus temporal que las autoridades ucranias están dispuestas a otorgarle, la celebración ahí de elecciones, las enmiendas a la Constitución que concedan amplia autonomía y derechos adicionales a las regiones orientales y sureñas del país con elevado porcentaje de población de origen ruso, entre otras cuestiones claves.

Tampoco existe voluntad para efectuar la liberación incondicional de todos los prisioneros o para decretar una amnistía general que deje de considerar terroristas a los líderes separatistas, y otros puntos en principio aceptados en Minsk.

En ese contexto, se acaban los plazos fijados para cada uno de los pasos de la fallida hoja de ruta preliminar, en tanto los observadores coinciden en que es cada vez más alto el riesgo de que los bombardeos y las incursiones con respaldo de tanques sobre poblados a ambos lados de la línea de demarcación, que se han intensificado en las últimas semanas, deriven en una nueva fase de guerra abierta.

La perspectiva de ese inútil derramamiento de sangre, señalan, sólo podrá evitarse si el gobierno de Petro Poroshenko hace concesiones o, en su defecto, los líderes separatistas son los que ceden en sus demandas. Pero para lograr lo primero, consideran, es necesario que Estados Unidos, como principal valedor de Poroshenko, presione a su socio, lo que parece poco probable en el corto plazo. Y conseguir lo segundo, agregan, es posible sólo en caso de que el Kremlin retire su apoyo a los dirigentes de los territorios enfrentados a Kiev, lo que tampoco se antoja viable en este momento.

Rusia atribuye el deterioro de la situación en el este de Ucrania a la injerencia de Estados Unidos, que acaba de autorizar otra partida de 500 millones de dólares para preparar soldados del ejército ucranio.

Washington está interesado en la inestabilidad (de esa zona), lo que da a Estados Unidos tiempo para continuar su antigua política de rapiña y preparar nuevos saqueos, acusó Serguei Naryshkin, presidente de la Duma o cámara baja del Parlamento ruso, en un reciente artículo publicado en el diario Rossiskaya Gazeta.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en respuesta indirecta a Naryshkin, afirmó que si Rusia no cumple sus obligaciones en el contexto de los acuerdos de Minsk o intenta lanzar una nueva ofensiva militar en la zona de conflicto, Estados Unidos subirá el precio que deberá pagar Rusia por su agresión a Ucrania.

Poroshenko confía en que Estados Unidos y sus aliados incrementen las sanciones contra Rusia –entre otras medidas drásticas, sugiere excluir a los bancos rusos del sistema SWIFT de transferencias internacionales–, mientras el Kremlin apuesta a que la cada vez peor situación de la economía en el vecino país eslavo provoque la caída del gobierno en Kiev o, al menos, lo haga más dócil a la hora de negociar.