Hay evidente complicidad de autoridades federales en favor de Grupo México, que solapan la impunidad de este consorcio para no cumplir con ninguna de sus obligaciones por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, e incluso no le piden cuentas respecto de los compromisos de remediar la grave contaminación que afecta a más de 23 mil pobladores, 500 de los cuales padecen daños en su salud, sostuvo el sindicato minero.

Demandó al gobierno federal que obligue a la empresa de Germán Larrea a solucionar el desastre ambiental, económico y social que generó en la región, así como a negociar con los mineros de Cananea, por el conflicto laboral que mantiene desde hace ocho años con trabajadores de la sección 65 de este gremio.

Expuso que Grupo México, lejos de cumplir con su responsabilidad por la afectación provocada a los sonorenses, suspendió la escasa ayuda económica que estaba dando por goteo a los habitantes.

Incluso, dijo, para desviar la atención del derrame, a los pocos días de haberlo provocado operó para difundir la versión de que se había reactivado la ficha roja de la Interpol contra el dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, lo que fue una más de las mentiras del consorcio.

Todo ello era una escandalosa mentira, ya que Interpol nunca reactivó esa orden de aprehensión ni el gobierno de Canadá aceptó el trámite de extradición supuestamente solicitado por la PGR. Todo se les cayó cuando se enteraron de que Canadá había otorgado la nacionalidad a Gómez Urrutia.

Advirtió que Grupo México debe ser sentado a negociar tanto con los pobladores como con los mineros.