Hay dos acciones colectivas contra la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, por el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en el río Sonora y su afluente Bacanuchi, que se suman a cinco amparos en curso.

Con esos novedosos juicios podrían incrementarse exponencialmente los costos que ha enfrentado la empresa, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF) que conocen del litigio.

Aunque Grupo México acordó con el gobierno federal crear un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para evitar una demanda bajo la Ley de Responsabilidad Ambiental, no impidió que el caso de contaminación llegara a tribunales.

Este jueves se cumple un año del derrame que contaminó los ríos en Sonora, hecho por el que el pasado 28 de agosto la asociación Acciones Colectivas de Sinaloa presentó una acción colectiva difusa en el juzgado octavo de distrito en materia civil, en el Distrito Federal, contra Grupo México y su filial Buenavista del Cobre por daños ambientales a los ríos Bacanuchi y Sonora.

Dicho recurso se admitió a trámite en julio pasado por la juez federal Emma Gaspar Santana, titular del juzgado, quien aceptó certificar como acción colectiva difusa la demanda presentada por David Álvarez y Luis Manuel Pérez de Acha, el primero representante legal del grupo civil Acciones Colectivas de Sinaloa, y el segundo abogado constitucionalista.

El objetivo de la querella es la reparación del daño ambiental y el establecimiento de medidas preventivas para evitar desastres futuros, así como el pago de multas y una indemnización equivalente a los daños ocasionados.

Pérez de Acha ha dicho en diversas entrevistas que si materialmente fuera imposible reparar el daño, al no poder dejar el medio ambiente sin contaminación, como estaba antes de los derrames, Grupo México deberá ser condenado a pagar una indemnización destinada al fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo monto seguramente rebasará el del fideicomiso de 2 mil millones de pesos.

La segunda acción colectiva, firmada por 86 personas contra Grupo México y su filial se presentó el pasado 17 de junio; se basa en la protección de derechos humanos individuales. Busca la reparación de los daños materiales o patrimoniales provocados a personas físicas o morales que vieron afectada su salud, patrimonio, empleo, cultivos, el agua de consumo y riego, la materia prima para producir alimentos, así como la enfermedad y muerte de ganado.