Al resolver el primero de cinco amparos relacionados entre sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer la decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de imponer una multa de más de 130 millones de pesos a las empresas Industrias Bachoco, Pilgrim’s Pride, Tyson, Pollo de Querétaro y San Antonio, así como a seis de sus ejecutivos y a la Unión Nacional de Avicultores por incurrir en prácticas monopólicas y conspirar para manipular y acordar los precios de la carne de pollo en perjuicio de los consumidores.

Por primera vez, el máximo tribunal ratificó una multa que castiga prácticas monopólicas en artículos de primera necesidad a nivel nacional, al considerar que la Constitución prohíbe y ordena sancionar cualquier acuerdo que tenga por objeto la fijación de precios, aun cuando dicha decisión no tenga como objetivo provocar el alza de éstos.

Primer amparo negado

Este miércoles, los ministros de la segunda sala negaron el amparo a David Gastélum Cázares, director comercial de Bachoco. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el criterio aprobado por unanimidad será el que predomine cuando los ministros resuelvan los amparos que interpusieron las empresas, sus ejecutivos y la Unión Nacional de Avicultores, los cuales serán dictaminados en fecha próxima.

El 3 de octubre de 2013 la Cofece multó con 130.4 millones de pesos a las empresas Industrias Bachoco, Pilgrim’s Pride, Tyson, Pollo de Querétaro y San Antonio, así como a seis de sus ejecutivos y a la Unión Nacional de Avicultores –después de cuatro años de investigación–, luego de considerar que los acusados cometieron prácticas monopólicas absolutas, como concertar entre las compañías avícolas involucradas (productoras y comercializadoras de pollo) y agentes económicos competidores convenios con el objetivo de fijar, concertar y manipular el precio de venta de diversos productos (pechuga y pierna con muslo), mediante la publicación de supuestas ofertas en medios de comunicación.

La Cofece determinó que la publicación de los desplegados que llevó a cabo la Unión Nacional de Avicultores fijó y manipuló un precio y promovió como una supuesta oferta, a fin de impulsar el consumo de pollo, lo cual disminuyó, dañó o impidió la competencia y la libre concurrencia en el mercado de la distribución y comercialización del producto, además de que las empresas involucradas acordaron conjuntamente los desplegados .

La decisión fue impugnada por las empresas, sus ejecutivos y la citada agrupación, y ayer la segunda sala negó el primero de los amparos contra la decisión de la Cofece.