Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero comienzan hoy su último periodo ordinario de sesiones como integrantes del máximo tribunal, ya que el próximo 30 de noviembre dejarán el cargo, que asumieron en 1995.

Al mismo tiempo, la carrera entre los aspirantes a ocupar esos puestos entró en una fase definitiva, en la cual el senador priísta con licencia Raúl Cervantes Andrade lleva amplia ventaja, pues se afirma en corrillos del Senado que es un hecho que su licencia, anticipada en septiembre del año pasado, fue para cumplir con el requisito constitucional de no ocupar ningún cargo de elección popular un año antes de la elección al cargo de ministro.

En la SCJN hay confianza en que el presidente Enrique Peña Nieto enviará una terna de aspirantes que tengan carrera judicial federal (para sustituir a Silva Meza, quien recorrió toda la escala, desde secretario de juzgado hasta magistrado) y otra con candidatos externos para el relevo de Sánchez Cordero, quien desarrolló su carrera profesional como notario público y luego pasó de manera breve por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Debido a que en círculos judiciales y legislativos se da por descontada la llegada de Cervantes –fue el arquitecto de la reforma al sistema judicial que implementó el sistema penal acusatorio y los juicios orales–, se prevé que Peña Nieto mandará una terna con magistradas federales para que el máximo tribunal continúe con una integración de al menos dos mujeres (la otra ministra es Margarita Luna Ramos).

Silva Meza y Sánchez Cordero son los últimos integrantes del pleno que se formó a consecuencia de la reforma constitucional de 1994, en la cual la designación de los togados dejó de hacerla directamente el presidente de la República en turno y se creó un sistema mixto, en el cual el Ejecutivo federal propone una terna y el Senado designa al juzgador con la votación de dos terceras partes.

De acuerdo con funcionarios judiciales consultados, ambos ministros fueron fundamentales para que la Suprema Corte de Justicia impulsara una política de defensa y ampliación de los derechos humanos.

Particularmente, Silva Meza, siendo presidente de la SCJN, fue el artífice de que la Corte resolviera el caso Radilla (a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) que derivó en la declaratoria del artículo 57 del Código de Justicia Militar, al determinar que los delitos cometidos por militares en agravio de civiles deben ser resueltos por la justicia civil (sea local o federal) y no por el fuero de guerra.

Durante su administración, la Suprema Corte recibió el premio Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas 2013 por su contribución excepcional en la promoción y protección de las garantías básicas, así como de las libertades fundamentales.

En tanto, Sánchez Cordero ha sido pieza fundamental para que la primera sala de la SCJN aprobara criterios y tesis jurídicos que han ampliado el respeto a los derechos humanos, como la garantía al debido proceso, la supremacía del interés superior del niño y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros.

De acuerdo con las votaciones en que han intervenido a lo largo de esos 20 años, ambos ministros han mantenido una línea liberal, democrática, en contra de dogmas y la aplicación letrista de la Constitución, comentaron los funcionarios judiciales consultados.