a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó ayer a las autoridades a realizar todas las pesquisas necesarias a fin de determinar el móvil de los asesinatos del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril y de cuatro mujeres (cuyos nombres no han sido dados a conocer de manera oficial, aunque dos han sido identificadas como la activista Nadia Vera y la estudiante Yesenia Quiroz) perpetrados el pasado fin de semana en la colonia Narvarte de esta capital. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que las líneas de investigación del crimen deben incluir la de un posible ataque a la libertad de expresión y la de agresiones de género, en el caso de las víctimas femeninas. Mientras al menos en ocho ciudades del país se realizaron manifestaciones y actos de protesta por el crimen múltiple, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer su negativa a atraer el caso y anunció que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que ayer cambió de titular, se limitará por ahora a levantar un acta circunstanciada y a dar seguimiento a los hechos.

Por su parte, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, informó que los cuerpos de las cinco víctimas presentaban tiro de gracia y la dependencia que encabeza ha abierto líneas de investigación por homicidio y robo, pero no aportó información sobre los posibles móviles de los asesinatos.

Un elemento de contexto indispensable para emprender las pesquisas del crimen es que durante una década Espinosa Becerril, capitalino de nacimiento, desempeñó sus labores en Veracruz; que allí cubrió movimientos sociales, que hace menos de dos meses abandonó esa entidad por el acoso y las amenazas de que fue objeto por funcionarios del gobierno estatal, y que la organización Artículo 19 pidió en su momento a las autoridades federales y estatales salvaguardar los derechos básicos del fotorreportero. Significativamente, la última entrada que el informador subió a su muro de Facebook, unas horas antes de ser asesinado, fue un documental titulado Muerte en Veracruz, en el que se reseñan los peligros que enfrentan en ese estado los periodistas críticos: 14 comunicadores han sido asesinados en lo que va de la actual administración, según cifras de la PGR.

A la luz de estos datos resulta inocultable la omisión de las autoridades en su obligación de garantizar la seguridad del fotógrafo y, sin prejuzgar sobre las causas del crimen múltiple, es de obvia necesidad considerar la hipótesis de que haya estado relacionado con el trabajo periodístico y social de Espinosa Becerril en Veracruz.

Cabe recordar que más de un centenar de periodistas han sido asesinados en el país en los últimos tres lustros y los casos correspondientes han desembocado, en su gran mayoría, en una exasperante e inaceptable impunidad, como ha ocurrido, por lo demás, con las decenas de miles de víctimas mortales de la violencia incontenible que azota a México.

Ante semejante catástrofe en materia de procuración e impartición de justicia, no es de extrañar que la credibilidad de las instituciones y de los gobernantes se encuentre en un estado de extrema precariedad y de profundo deterioro. Es exigible, por ello, que en la circunstancia actual las autoridades emprendan una autocrítica a fondo por haber fallado en su deber de preservar la vida de los cinco ejecutados de la colonia Narvarte y de otros miles de víctimas y hagan acopio de voluntad política para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los presuntos responsables, sean quienes sean.