Durante décadas, Amnistía Internacional se ha apoyado en celebridades para generar publicidad para sus causas. Pero ahora enfrenta reacciones de estrellas como Emma Thompson, Lena Dunham y Kate Winslet, tras filtrarse planes de que piensa cambiar su postura sobre la prostitución.

Los actores están entre quienes llaman a la organización a retirar una propuesta de promover la despenalización del trabajo sexual. El organismo someterá a votación este cambio de política en su reunión anual del 12 de agosto en Dublín.

El cambio potencial en la postura de Amnistía ha causado una gran división entre feministas y defensores de los derechos de la mujer. Una petición en Change.org que demanda rechazar la propuesta, aduciendo que viola los derechos humanos fundamentales y la dignidad de las prostitutas individuales, cuenta ya con más de 3 mil 400 firmas.

El anteproyecto de política sobre trabajo sexual fue enviado a los miembros la semana pasada, con vistas a la conferencia de Dublín, y filtrado más tarde en línea. Esboza una política que busca apego a la protección más alta posible a los derechos humanos de los trabajadores sexuales, mediante medidas que incluyen la despenalización del trabajo sexual.

Emma Thompson y Kate Winslet firman carta

Especifica que sólo se refiere a la conducta sexual consensual entre adultos, lo cual excluye actos que comprendan coerción, engaño, amenazas o violencia. En la reunión anual del año pasado, una propuesta similar fue rechazada por los miembros de AI, pues se decidió que debía llevarse a cabo mayor investigación.

Taina Bien-Aimé, directora ejecutiva de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres (CATW, por sus siglas en inglés), organización estadunidense que encabeza la campaña contra AI, expresó: Es muy perturbador que una organización de derechos humanos se alinee con padrotes y compradores de sexo, en vez de con las más despojadas, que son explotadas en el comercio sexual.

Aparte de Thompson y Winslet, la carta ha sido firmada por varias ex trabajadoras sexuales. En cambio, otras han aplaudido el posible cambio. Niki Adams, vocera del Colectivo Inglés de Prostitutas, señaló: He mirado en detalle la política de Amnistía y es muy buena. Está fincada en el respeto a los derechos de los trabajadores sexuales y la protección contra violaciones de esos derechos.

Existe una sutil diferencia entre la despenalización que Amnistía impulsa y la legalización. La primera significa abrogar todas las leyes que imponen castigos a los compradores o vendedores de sexo, lo cual, según sus partidarios, hace que los sexoservidores estén más dispuestos a pedir ayuda en caso de peligro. Legalizar significa que los trabajadores tienen que solicitar licencia y trabajar en formas específicas, como en Alemania, Holanda y el estado de Nevada, en Estados Unidos. La legalización causa más controversia porque puede abrir paso a un sistema de dos vías en el que los trabajadores tengan protegidos sus derechos, pero quienes operan sin licencia son arrojados aún más a la clandestinidad.

Investigadores de la Escuela de Economía de Londres descubrieron que los países donde la prostitución es legal experimentan flujos más grandes de tráfico humano.

Aliados

Algunos opositores al anuncio de Amnistía parecen mezclar despenalización y legalización cuando afirman que la organización es irresponsable. Entre los partidarios de una despenalización como la que propone AI se encuentran la Organización Mundial de la Salud, Onusida y Human Rights Watch.

Nueva Zelanda despenalizó la prostitución en 2003, a la vez que reforzó los castigos contra quienes fuerzan a una persona a prostituirse. Una revisión gubernamental que duró cinco años halló que el cambio no produjo un incremento en la prostitución ni en el tráfico, pero sí un mejor trato para usuarios de drogas y trabajadores sexuales, que ya tenían más posibilidades de denunciar violencia.

Una vocera de Amnistía sostuvo: Entre las violaciones a las que están expuestos los trabajadores sexuales figuran violencia física y sexual, detención arbitraria, extorsión y acoso, tráfico humano, pruebas del sida e intervenciones médicas obligatorias. También se les puede excluir de los servicios de atención a la salud y vivienda, así como de otras protecciones sociales y legales.

Con base en evidencias de que la penalización del trabajo sexual consensual adulto expone a los trabajadores a mayores violaciones de los derechos humanos, el anteproyecto de política de Amnistía postula, entre otras cosas, que se logrará mayor protección si el trabajo sexual es despenalizado.

The Independent

Traducción: Jorge Anaya