México no cuenta con una política integral para reducir la pobreza y la desigualdad basada en un compromiso de Estado. La pobreza sigue en aumento y el factor central de ésta son los bajos ingresos que perciben los trabajadores mexicanos, aseguraron las organizaciones agrupadas en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Ayer, algunos representantes de esta agrupación presentaron un posicionamiento frente a los datos que la semana pasada dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que informó que de 2012 a 2013 –periodo que abarca los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto– la población en pobreza creció en 2 millones de personas, al pasar de 53.3 (45.5 por ciento) a 55.3 millones (46.2 por ciento), es decir, uno de cada dos mexicanos vive en esa condición.

Aseveraron que México necesita cambios de fondo frente a la pobreza, tema en el que no hay nada que festejar. Presentaron varias propuestas para combatir este problema: principalmente elevar los salarios mínimos, reasignar recursos a programas productivos para la población que vive en la miseria, y garantizar el acceso efectivo a la salud.

Reclaman mejora salarial

“En política salarial México no se mueve (…) El cambio de fondo frente a la pobreza debe ser la mejora del ingreso. (…)No necesitamos más programas sociales para ‘repartir cosas’.”

Dijeron que si bien los datos del Coneval asientan que hay 55.3 millones de pobres en México –desde el punto de vista multidimensional en el que se miden seis factores–, a esa cifra se deben sumar 8.5 millones de personas más que son vulnerables por ingreso.

Esto es, en el país hay 63.8 millones de personas con ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, lo que definieron como pobreza por ingreso. Esta cifra representa a más de la mitad de la población (53.3 por ciento), 3 millones más que hace dos años.

El estado de México es donde mayor número de habitantes en pobreza por ingresos hay: 9.8 millones. Le siguen Veracruz, con 5 millones; Puebla, 4.3; Chiapas, 4.1; Jalisco, 3.4, y el Distrito Federal y Guanajuato con 3.2 millones en cada uno.

Para Acción Ciudadana, se requiere de dos cambios de fondo: políticas económicas incluyentes para la mejora de los ingresos, y políticas sociales con enfoque de derechos.

Por ello la agrupación propuso que desde el paquete económico para 2016 se realicen esos cambios, particularmente en el gasto público.