l referirse por primera vez al informe de medición de la pobreza dado a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el presidente Enrique Peña Nieto admitió ayer que los programas sociales puestos en marcha por su gobierno han sido insuficientes para reducir los niveles de pobreza en el país, aunque afirmó que sí han servido para detener su avance.
Debe recordarse que, según dicho documento, en México una de cada dos personas vive bajo el umbral de la pobreza y sólo una de cada cinco tiene enteramente cubiertas sus necesidades.Además, el informe del Coneval muestra que en los dos primeros años de la presente administración la pobreza ha crecido tanto en el número de personas que la padecen como en el porcentaje de población que éstas representan, lo cual constituye un mentís categórico a la aseveración del Ejecutivo, según la cual los programas de asistencia social han servido para contener ese fenómeno: hoy existen dos millones más de pobres que en 2012, quienes constituyen 46.2 por ciento de los habitantes del país.
Pero más allá de poner en relevancia el carácter insuficiente de la política social, lo que la medición del Coneval exhibe es un fracaso estructural de la política económica adoptada en los últimos 30 años. El actual es un modelo económico que preconiza la subsidiariedad del Estado en todos los ámbitos, quitándole facultades esenciales y despojándolo de los instrumentos para la redistribución de la riqueza. Para colmo, lo que queda de estructuras y potestades estatales se ha usado para imponer una política fiscal regresiva, que castiga a los sectores medios y los empuja hacia abajo en la escala de ingresos, a la vez que incentiva la informalidad.
Semejante modelo económico cancela la movilidad social, impidiendo que los programas de ayuda tengan el efecto que deberían: en los hechos, la imposibilidad de superar la condición de pobreza –debido al desempleo y la política de contención salarial– convierte estos programas en un gasto público necesario para la supervivencia de las familias, pero inútil en mejorar sus condiciones. Resulta difícil ocultar que los programas asistencialistas que han constituido el eje rector de la política social durante al menos cinco sexenios no son sino medidas paliativas para los estragos generados por un modelo económico que profundiza las desigualdades y empobrece al grueso de la población.
Desde otro punto de vista, la existencia de una población estructuralmente empobrecida, ávida de cualquier ingreso, es una condición no necesariamente indeseable para un modelo económico basado en la reducción de los salarios y la desaparición de los derechos más fundamentales de los trabajadores, y tampoco lo es para una clase política que se ve favorecida por la presencia de un enorme sector de la ciudadanía dependiente de los programas sociales y de esa manera susceptible a la compra y manipulación del voto.
Por tanto, resulta positivo que el titular del Ejecutivo reconozca la insuficiencia de los programas sociales para reducir la pobreza que padecen millones de mexicanos. Sin embargo, será difícil que este ejercicio de autocrítica permita aliviar la situación si no se acompaña del pleno reconocimiento de que las inaceptables carencias de la población resultan, en medida importante, de los incentivos perversos del sistema político y económico.
