Bogotá.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no aceptarán que sólo ellas sean juzgadas como resultado de las conversaciones de paz con el gobierno de Colombia –que se llevan a cabo en Cuba desde noviembre de 2012–, aseguró Enrique Santiago, asesor jurídico del grupo insurgente.

El abogado español indicó que las FARC esperan que si los máximos responsables de la guerrilla van a la cárcel, los del Estado también deben ir. Añadió que el grupo armado busca más equilibrio y equidad en la resolución del conflicto, porque la insurgencia no es la más responsable de los crímenes de este país.

En diálogo publicado este domingo en la revista Semana, Santiago indicó que la insurgencia rechaza que el proceso de paz se convierta en un escenario para juzgar a una de las partes porque buscan que se aclare la verdad sobre todos los responsables de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, por lo que han estado pugnando por la creación de una comisión de la verdad.

Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia. Pero ¿quiénes son los máximos responsables del Estado? Para la justicia internacional no hay inmunidad de ningún cargo político, dijo Santiago. El jurista aseguró que la organización rebelde no busca impunidad pero es necesario crear mecanismos alternativos de justicia con opciones diferentes a la privación de la libertad.

La insurgencia entiende que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y esclarecer; de perseguir y sancionar. El asunto es que hay muchas formas de cumplir con estas obligaciones, afirmó. Agregó que es posible que haya un acuerdo sobre el tema de la justicia en los cuatro meses que el presidente Juan Manuel Santos puso como plazo para que se registren avances en el proceso de paz.

En tanto, el gobierno de Santos advirtió que reanudará los bombardeos aéreos contra campamentos de las FARC si el grupo guerrillero incumple condiciones planteadas para el desescalamiento del conflicto armado. La víspera, el mandatario anunció el fin de los bombardeos contra los campamentos rebeldes con el fin de impulsar las negociaciones pacificadoras.

Si las FARC quieren que no se use esta herramienta, tienen que cumplir esas condiciones, que son: estar lejos de los centros urbanos, no representar amenazas para la fuerza pública o para la población civil, no hacer proselitismo político desde las concentraciones y no amenazar la infraestructura (eléctrica y petrolera), dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.