Buenos Aires.

A escasos días del esperado juicio por encubrimiento del atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA) ocurrido en julio de 1994, la justicia agregó nombres a la investigación por lavado de dinero que involucra a la madre, la hermana y un empleado del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Sara Garfunkel y Sandra, madre y hermana de Nisman, quien dirigía la Fiscalía Especial que investigaba el atentado de la AMIA y apareció muerto el 18 de enero pasado en su departamento, están siendo investigadas por lavado de dinero, junto al empleado Diego Lagomarsino y ahora se les une Claudio Picón, de la empresa Palermopack y titular del vehículo de alta gama que utilizaba el fiscal para movilizarse.

La investigación sobre la causa de la muerte de Nisman fue abriendo oscuros pasadizos que mostraron la otra cara de un fiscal, cuya separación de la causa habían pedido familiares de las víctimas, porque no veían ningún avance.

Picón había reclamado a la fiscal Viviana Feiman, quien investiga la causa de la muerte de Nisman, que le entregara el automóvil secuestrado por la justicia, mencionando su relación con el fiscal y reconociendo que en el año 2012 le había prestado en principio un Jeep y luego el automóvil de alta gama que estaba utilizando al momento de su muerte.

Pero recientemente, durante un operativo en casa de la madre de Nisman, el juez Rodolfo Canicoba Corral encontró un cheque del año 2012 del Bank of American a nombre de Nisman, y el mismo tenía impreso el nombre de Picón. Este mismo nombre apareció en una operación comercial realizada en un fideicomiso a cargo de Sara Garfunkel, además de otros datos similares.

Esto hizo que entre otras medidas el juez Canicoba Corral enviara un exhorto a Estados Unidos solicitando a un organismo antilavado de ese país autorización para que la justicia utilicer documentación secreta sobre la supuesta cuenta de Nisman en el banco Merrill Lynch de Nueva York.

En las últimas horas la madre de Nisman nombró otro abogado que suplantará a la juez Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, quien hasta ahora la representaba.

En tanto, la fiscal Sabrina Namer, que junto a otros colegas están a cargo de la Unidad Fiscal Especial de la Amia luego de la muerte de Nisman, sostuvo que tienen la esperanza de que alguno de los imputados se decidan a hablar en el proceso judicial que comienza el próximo 6 de agosto con la indagatoria del ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy, el ex juez de la causa, Juan José Galeano, y el ex comisario de la Policía Federal, Jorge Fino Palacios, quien estuvo un tiempo al frente de la policía Metropolitana del gobierno de Mauricio Macri en esta ciudad. El juez Galeano, entre otras graves irregularidades, entregó 400 mil dólares a Carlos Telledín, ex reducidor de autos robados y ahora abogado –acusado de entregar a un funcionario diplomático iraní la camioneta usada presuntamente en el atentado contra la AMIA–, para que acusara a un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires como responsables locales del hecho.

De la entrega de ese dinero fue partícipe el entonces presidente de la Delegación de Asociaciones Israelita-Argentina DAIA, Rubén Beraja, quien pretende ahora desligarse del tema.

En el juicio oral que se llevó a cabo en 2003-2004 saltó la verdad y Telledín y los policías detenidos quedaron libres por falta de pruebas, Ahí también se evidenciaron irregularidades y falsificaciones en el juicio, apoyado entonces por la DAIA que finalmente fue cerrado por esta razones. En entrevista con el diario Perfil, en febrero pasado, Telledín dijo que la muerte de Nisman “fue perpetrada por la CIA y el Mossad, y agregó que el objetivo del crimen era desestabilizar al país tirándole un cuerpo a la presidenta, aclarando que no simpatiza con el gobierno.

Telleldín y la abogada Raquel Llobet aseguran que el periodista Damián Pachter, quien escribió en la madrugada del 19 de enero en su cuenta que había sido encontrado muerto el fiscal del caso AMIA en su departamento, “recibió la primicia de la muerte de Nisman de un comando israelí.

Lo sospechoso es que ese periodista hizo el servicio militar allá y trabajó para ciertos sectores de la derecha. Se escapó para no quedar preso, porque nunca los crímenes son perfectos, opinó Telleldín. Pachter se asiló en Israel a pesar de tener pasaporte israelí, y como parte del entramado que intentaba golpear al gobierno argentino.