El Congreso de la Unión tiene hasta diciembre para expedir las leyes generales que definan los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada, tortura, trata, secuestro y otras formas de privación de la libertad, informó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el perredista Alejandro Sánchez Camacho.

Esto, explicó el legislador, luego de que ayer sábado entró en vigor la reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, que faculta al Congreso a emitir leyes en la materia.

La resolución establece que el Congreso deberá expedir la legislación, dentro de 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigor, dijo.

Explicó que la nueva legislación deberá regular el sistema nacional de búsqueda de personas y garantizar que el Estado mexicano actúe para que se esclarezcan muchos de los casos de desaparición forzada y sobre todo que no se repitan. En tanto se aprueba, la que existe continúa en vigor, detalló.

Informó que solicitó una reunión con Alan García Campos, jefe de unidad legal de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con objeto de conocer sus propuestas y presentarlas a la próxima legislatura –junto con las de la comisión– para que cuente con un documento de trabajo.

La Comisión de Puntos Constitucionales informará, con la representación de la ONU en México, una agenda temática, que sirva como eje conductor para la ley secundaria, indicó Sánchez Camacho.