La mayoría de los 6 mil casos inscritos hasta ahora en el Registro Nacional de Víctimas se deben a desaparición de personas, con una denuncia de por medio y una averiguación abierta por las autoridades federales, señaló el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín del Rincón.

Dijo que de acuerdo con la información recabada hasta ahora en ese registro, la cual sólo es a escala federal y con delitos de esa índole, se tienen aproximadamente 300 casos donde hay indicios de que se trata de una desaparición forzada. En este grupo se incluye a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En entrevista, el funcionario del organismo descentralizado de la administración pública federal informó que Guerrero, Veracruz y Tamaulipas –en ese orden– son los estados con mayor número de reportes por desapariciones en general.

Sin embargo, esta cifra de víctimas aumentará paulatinamente conforme se integren los datos que cada entidad federativa aporte a dicho registro, según el mismo presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV.

Rochín del Rincón adelantó que en fecha próxima esa comisión dará a conocer las cifras iniciales del Registro Nacional de Víctimas, con la información que ya están entregando las entidades por conducto de sus respectivas comisiones estatales.

Desde luego, dijo, será un número todavía pequeño, pero será la cifra inicial con la cual se trabajará.

Por el momento, agregó, los 6 mil casos inscritos hasta ahora en el Registro Nacional de Víctimas ya son atendidos por el área de Asesoría Jurídica Federal de la comisión.

Explicó que aunque la mayoría se deben a desaparición, ello no implica que necesariamente se trate de desapariciones forzadas, que es un tipo de delito complejo que implica violaciones de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad.

Respecto del avance para la integración de las comisiones en todos los estados del país, Rochín expresó especial preocupación por los casos del Distrito Federal, estado de México, Tabasco, y Baja California, los cuales, dijo, van muy atrasados en la parte legislativa para armonizar las leyes federales ya existentes, con las locales.