Organizaciones de derechos humanos reclamaron al Supremo Tribunal de Justicia del estado porque un juez sentenció a un feminicida a 15 años de prisión, cuando el Código Penal del Estado prevé para este homicidio agravado condenas mínimas de 30 años.

En nombre de varias agrupaciones, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem) pidió que se revise el trabajo del juez del tribunal oral César Miguel Rodríguez Martínez, quien, según los inconformes, emitió una sentencia contraria a derecho. También exigió que se revise el sistema de procuración de justicia de Chihuahua, que no protegió a la víctima, Jazmín Nayeli Rodríguez Gallardo, quien antes de ser asesinada por su ex pareja, Óscar Campos Nava, denunció violencia doméstica.

En un comunicado, el Cedehm indicó que Rodríguez Gallardo trabajó en la Fiscalía de Atención a Víctimas de Chihuahua y posteriormente fue policía estatal. El agresor la despojó de su arma de cargo, la mató, huyó al extranjero y fue extraditado. En el juicio oral, celebrado el miércoles pasado, el juez ordenó un receso. La madre de la víctima, Bertha Alicia Gallardo, salió de la sala y esperó a que llamaran para reanudar el juicio. Gallardo esperó más de cinco horas fuera de la sala hasta que alguien le informó que la audiencia había terminado horas antes. Al parecer la diligencia se realizó en una sala diferente, y tanto la agente del Ministerio Público como el juez olvidaron avisarle.

El Cedhem intervino a petición de Gallardo y descubrió que la propia fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género derivó el caso a la fiscalía de la zona norte de Chihuahua, pues consideró que el asesinato de Jazmín Nayeli Rodríguez no fue un feminicidio, sino un homicidio común; omitió considerar como agravante la violencia doméstica previa, y sólo explicó que ella era policía y que el asesinato se perpetró con una pistola calibre nueve milímetros.