Guadalajara, Jal.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) está implicado en al menos 500 casos de tortura (150 de ellos plenamente documentados) contra detenidos este año, denunció ayer José Luis Guízar Abarca, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco.

Los abogados acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (Cedhj) para informar a su presidente, Felipe Álvarez Cibrián: Es un problema muy grave. Nuestros clientes llegan, sin excepción, confesos y golpeados. Ninguno se abstiene de declarar. Da la casualidad de que todos confiesan, dijo.

Agregaron que en 150 casos hay elementos para fincar responsabilidades, por lo que familiares de las víctimas interpondrán quejas a fin de que se castigue a los implicados y se erradique la tortura en la calle 14 (sede de la FGE).

Álvarez Cibrián reconoció que en los dos meses recientes, después de que entró en vigor la Ley estatal para prevenir, castigar y erradicar la tortura, las cifras se dispararon.

El año pasado fueron 25 quejas; en 2013, cinco, y este año casi llegan a 70, 60 en los últimos dos meses, dijo el presidente de la Cedhj. Aclaró que el incremento se debe en gran medida a las denuncias presentadas por abogados y jueces federales, obligados por el protocolo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En los ocho años que Álvarez Cibrián lleva al frente de la Cedhj se han emitido 31 recomendaciones por tortura, pero ninguna ha derivado en castigo penal. Incluso hay agentes que acumulan más de una recomendación por violaciones a los derechos humanos y continúan en la FGE.

El presidente del colegio de penalistas afirmó que algunas de las formas de tortura más frecuentes son la asfixia con bolsas de plástico y la inmersión de la cabeza en el agua. Sin un abogado presente, los acusados firman confesiones.

Agregó que los jueces conceden mayor importancia a la primera declaración por la inmediatez procesal, lo que obstaculiza que los torturados puedan salir libres al no comprobarse las acusaciones.

Estamos sufriendo una crisis policiaca en cuanto a la verdad se refiere. Los detienen en un lugar y dicen que los detuvieron en otro, y si no traen algo ilegal se los siembran. Los agentes entran y salen como en su casa para sacar detenidos y luego los regresan, lo cual está prohibido, ya con una confesión.

El lunes pasado, sin especificar motivos, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que aceptó la renuncia del fiscal general, Luis Carlos Nájera.