Casi dos meses después de la agresión a jornaleros del Valle de San Quintín, la Comisión Permanente solicitó a las procuradurías General de la República (PGR) y de Baja California investigar y deslindar responsabilidades por la violación a derechos humanos, así como el uso excesivo de la fuerza pública en un operativo realizado el 9 de mayo pasado.

También pidió al gobierno federal remitir un informe sobre los avances de la negociación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los trabajadores, agredidos por la policía estatal a petición expresa de los dueños de las fincas.

En un punto de acuerdo aprobado ayer, la Comisión Permanente exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que a la brevedad emita una resolución acerca de las investigaciones que inició sobre este mismo caso, pues una posible recomendación del ombudsman contribuiría a la reparación del daño y la restitución de los afectados.

El pleno avaló un dictamen en el cual se señala que todas las fuerzas policiacas –en este caso las de Baja California– deben ajustarse a los protocolos sobre el uso de la fuerza.

Durante la discusión del documento, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) sostuvo que la explotación a los jornaleros de San Quintín se explica además por el sistema económico del país, que permite una esclavitud moderna sin consecuencias para quienes la practican. Aunque falta información a fondo, en México los indígenas y los migrantes son los más vulnerables del trabajo forzoso, dijo.

Los jornaleros de San Quintín, agregó, son el ejemplo más claro de abuso laboral y de explotación, con sueldos de miseria, pues viven en grandes solares o a la intemperie en los campos; son tratados como animales, la comida se les resta de una tienda de raya y a los niños se les da lo mínimo.

El punto de acuerdo incluye una solicitud a las secretarías de Gobernación y del Trabajo, así como al gobernador Francisco Kiko Vega, para dar seguimiento a la protección, defensa y promoción de los derechos de los jornaleros agrícolas.

La Permanente citó los resultados de la Encuesta Nacional Jornalera de 2009, en la cual se refiere que casi 2 millones de trabajadores agrícolas son explotados, como práctica generalizada en 19 de los 31 estados de la República.

También se acordó una reunión con el grupo plural de legisladores constituido para dar seguimiento al movimiento de jornaleros del Valle de San Quintín y acciones que eviten nuevas violaciones a sus derechos.