La Comisión Permanente pidió al gobierno federal, a las secretarías de seguridad de los estados y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública garantizar la integridad de los pasantes de medicina, pues, además de los recientes casos de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, se han documentado al menos 71 casos de amenazas, agresiones, secuestros y asesinatos.

Asimismo, el pleno de la comisión –integrada por una representación de diputados y senadores– demandó a las procuradurías de Guanajuato y Sinaloa investigar y resolver los homicidios de Adona Ponce y Duarte Jiménez.

En su sesión de ayer, los legisladores solicitaron a la Secretaría de Salud emitir la NOM 009SSA32013, prevista para regular las condiciones físicas de las unidades médicas y garantizar la seguridad de los pasantes.

En la discusión del exhorto, se resaltó que durante su servicio social, los pasantes de medicina se han visto expuestos a serios y graves riegos, y se citó la información proporcionada por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, que documentó esos 71 casos entre 2006 y 2012.

Las agresiones se cometieron sin que la Secretaría de Salud ni las autoridades policiacas, ministeriales y judiciales les proporcionaran las condiciones de seguridad que requieren.

Considerar la seguridad de los profesionales de la salud es fundamental, toda vez que para desarrollar sus labores son asignados a comunidades distintas a las de su domicilio, que requieren de la prestación de servicios de salud, ya sea por su localización o su marginación, lo que resulta grave dadas las condiciones de violencia focalizada que vive nuestro país en algunas regiones, señala el dictamen aprobado por unanimidad.

Para los legisladores, los homicidios de Adona –ocurrido el 13 de junio– y del pediatra y neumólogo Oswaldo Duarte –quien fue levantado el 8 de junio– reflejan la violencia e inseguridad a la que están expuestos los ciudadanos y, particularmente, quienes en el ejercicio de su profesión deben trasladarse a comunidades rurales o marginadas, resultando vulnerables ante actos delictivos y de acoso que los convierte en víctimas.

La Permanente refirió que desde 2012 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó el estudio Condiciones de trabajo de los médicos pasantes mexicanos durante el servicio social, en el cual señala que la ausencia de seguridad en la prestación del servicio social fue patente en el universo de estudiantes consultado: 37.4 por ciento no se sintió seguro en los poblados, rancherías, barrios y cabeceras municipales de los nueve estados donde trabajaron; alrededor de uno de cada cuatro (26.7 por ciento) advirtió que su vida corrió peligro en algún momento. Inseguridad y peligro mortal conformaron la afectación en la persona del médico, indicó el estudio.

En el rubro Intento y consumación de delitos sobre los pasantes, 35.9 por ciento mencionó intentos de irrupción sin consentimiento en el centro de salud, y en 16.8 por ciento de los casos se logró este propósito.

Uno de cada 10 pasantes señaló tentativa de acoso o abuso sexual; a 18.7 por ciento le robaron objetos de valor, y 1.5 por ciento dijo haber sido víctima de secuestro o intento de éste.

Habitar en un medio donde se cometen delitos constantemente afectó de tal forma a los estudiantes que uno de cada cuatro (23.3 por ciento) pensó en abandonar el servicio social por esta razón, concluyó el estudio.

Asimismo, 71.8 por ciento expresó que las autoridades de las comunidades no supervisaron la seguridad de los médicos, y a 55 por ciento no le fue especificado a quién dirigirse en caso de enfrentar problemas de inseguridad a su llegada.

Esto indica que las autoridades no mostraron interés en salvaguardar la seguridad de los practicantes, a pesar de que 66 por ciento eran mujeres jóvenes que se enfrentaban solas a lugares percibidos como inseguros y peligrosos.