El Gobierno del Distrito Federal (GDF) emitirá la semana próxima el esquema de regulación de la prestación del servicio individual de pasajeros por medio de aplicaciones móviles (apps), la cual implicará someter a la ley a las empresas Uber y Cabify, para que paguen derechos y se circunscriban a algunas condiciones aplicadas al sector, aseguró Rufino H. León, titular de la Secretaría de Movilidad.

Asimismo, señaló el funcionario, habrá un paquete de beneficios para los taxistas, que va desde no realizar la revista vehicular hasta facilidades en la realización de trámites con el fin de migrar a una ciudad digital donde no exista contacto con el ciudadano, y una posible desregulación que flexibilice el burocratismo que hemos traído por años.

El objetivo es contar con una regulación muy responsable que ponga piso parejo en el sector, con las opiniones de expertos, representantes del gremio y el apoyo de 50 organizaciones de taxistas, las más representativas, que avalaron estas aplicaciones, mediante un desplegado publicado ayer, precisó.

León calificó de absurdo que Taxistas Organizados, que no representan a más de mil personas, es decir, menos de uno por ciento, sigan insistiendo en que el debate, un ejercicio inédito para la ciudad, estuvo amañado, por lo que no sé a qué intereses obedecen.

Después de que el Laboratorio de la Ciudad entregue las conclusiones y recomendaciones formales derivadas del debate y las mesas de trabajo, estaremos en condiciones de emitir una regulación en dos sentidos: una para las empresas y otra para los taxistas, a fin de reivindicar su figura, indicó.

Hoy, puntualizó, la Ley de Movilidad nos da las facultades concretas para regular esto en su ámbito y si después se requiere un ajuste del reglamento o la legislación, lo haremos sin ningún problema, pues el objetivo es mejorar el servicio y el ciudadano decida cuál desea utilizar.

Por otra parte, Ignacio Rodríguez y Daniel Medina, representantes de Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCM), lamentaron que las autoridades utilicen a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para legitimar la prestación de los servicios ilegales de Uber y Cabify, para satisfacer intereses economicos y políticos.

Ante ello, demandaron al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, poner un alto a la circulación de estas unidades y sancionarlas conforme a la ley, antes de emitir cualquier regulación para permitirles entrar al mercado.

Mencionaron que el derecho a la movilidad debe encuadrarse en un marco regulatorio, mismo que hasta la fecha sigue siendo violado, para proteger a Uber y Cabify.

En tanto, Roberto Ramírez, de Taxistas y Líderes Contra la Ilegalidad, exigió también la realización de operativos para detener a las más de 30 mil unidades piratas que ofrecen servicio en la ciudad, ya que significan un riesgo para la seguridad de los usuarios.