Arturo vive con VIH/sida, tiene disminuida su visión y no la recuperará. A veces trabaja como asistente en un consultorio dental, que le da para sobrevivir, pero depende del ingreso de su madre, que es de dos mil pesos al mes. Pero, como dijo que estudió odontología, el área de trabajo social del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) determinó que puede pagar los servicios médicos que ahí le proporcionan y lo ubicó en nivel socioeconómico 2 porque ya no puede seguir en el nivel 1X, exento de pago.

Es por el recorte presupuestal, afirmó Rubén Valdés, del Comité de Pacientes con VIH del INER. Al parecer hay una consigna para no permitir que haya pacientes sin pagar, aunque no tengan cómo solventar los gastos.

Señaló que si bien las personas que viven con VIH/sida han logrado mejorar su calidad de vida, algunos que resultaron afectados con alguna enfermedad antes de iniciar los tratamientos con medicamentos antirretrovirales, viven con secuelas permanentes.

Es el caso de Arturo, a quien la afectación de la vista le impide un desarrollo pleno. Depende de su madre, quien tampoco tiene trabajo estable y ahora convalece de un infarto al miocardio. Eso no le interesa al área de trabajo social, sostuvo Valdés.

El activista señaló que recientemente han ocurrido otras irregularidades con pacientes que viven con VIH/sida. José acudió al servicio de urgencias del INER hace unas semanas, pero la doctora que lo atendió y firmó la hoja del servicio médico le dijo que si era paciente del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas (Cieni) no era del INER, por lo que lo enviaría a otro hospital.

Al final cumplió su palabra, aunque en la hoja de referencia –de la cual La Jornada tiene copia–, la médica indicó que el paciente no tenía un problema respiratorio, sino un dolor abdominal, probablemente colecistitis (inflamación de vesícula).

Valdés refirió el caso de Raúl, también portador de VIH/sida. Llegó a urgencias del INER, donde fue recibido, pero cuando lo iban a pasar al área de terapia intensiva, personal de Trabajo Social informó a los familiares que tenían que pagar la cuenta que iba hasta ese momento.

De otro modo, no podrían pasar al enfermo a otra área del hospital. Incluso, aseguró Valdés, les dijeron que de todas maneras se va a morir y si no pagaban enviarían el cadáver a la fosa común.

El activista advirtió que esas conductas son violatorias de los derechos de los pacientes, a los que no se les puede obligar a pagar algo si no tienen con qué. El asunto de Raúl se resolvió cuando los familiares firmaron una carta compromiso de pago.

Raúl, de 38 años de edad, tenía sarcoma de Kaposi (tumor maligno de piel que también daña la función pulmonar). Estaba muy grave y murió el 8 de junio.