El gobierno de Estados Unidos sugiere a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ampliar la vigilancia en torno a la aplicación de las leyes laborales en México y su homologación con normas internacionales.

México carece de estructuras adecuadas para hacerlas cumplir (las reformas) de manera efectiva, especialmente por lo que se refiere a la persistencia de sindicatos de protección o falsos, indica una representación estadunidense.

La carta fue enviada a la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, en el contexto del Convenio 87 de esa organización y en la 104 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

La misiva fue difundida en México por el sindicato minero, el cual pondera el texto como parte de la discusión de libertad gremial en el país.

En el texto emitido por el gobierno de Estados Unidos –agrega el sindicato minero, aunque no se detalla la instancia redactora– se hace mención a la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, se señala en la comunicación, estos cambios no fueron suficientes para garantizar los derechos de los empleados.

La persistencia de los sindicatos falsos, o sindicatos de protección, sigue siendo un reto importante en México y constituye una grave violación del derecho a la libertad de asociación, en particular cuando se concluyen los contratos colectivos con estos sindicatos de protección sin el conocimiento y consentimiento de los trabajadores, a menudo incluso antes de que las empresas abran, proporcionando sólo los beneficios mínimos ya exigidos por la ley, se indica en el texto retomado por el sindicato minero.

Una de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, artículo 365 bis, ahora prevé la publicación obligatoria de los registros y los estatutos sindicales por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Tomamos nota del informe de la Unión Nacional de Trabajadores al comité de expertos que en la práctica esta obligación legal no está cumplida efectivamente por ninguna de las juntas locales en 31 estados de México. Este fracaso facilita la persistencia de los sindicatos de protección, destaca.

La estructura de estas juntas locales –añade– no prevé una representación de los trabajadores adecuadamente incluyente y a menudo perpetúa un sesgo en contra de los sindicatos independientes.

“Después de tanto tiempo es hora de que el gobierno de México transfiera estas funciones a la rama judicial o alguna otra entidad independiente para asegurar una representación honesta de los trabajadores, así como la administración completa y justa de la legislación laboral y la adjudicación de las controversias.

Hacemos un llamado al gobierno de México para llevar a cabo estas reformas legales y administrativas, esenciales para abordar adecuadamente la presencia continua de los sindicatos de protección y los fallos de las juntas, a fin de garantizar a los trabajadores el derecho a la libertad sindical en la legislación y en la práctica lo antes posible, advirtió.