El oficial mayor del Distrito Federal, Jorge Silva Morales, anunció que dará vista a la Contraloría capitalina para que realice las investigaciones pertinentes en torno al proceso de compraventa de la casa ubicada en Río de Janeiro 46, colonia Roma, a fin de determinar si hay responsabilidad administrativa y qué funcionarios habrían incurrido en ella.

Sin embargo, el gobierno de la ciudad de México no cuenta con una escritura que avale la propiedad del inmueble, por lo que minutos después el ex oficial mayor Adrián Michel afirmó que la casa nunca perteneció al patrimonio inmobiliario del Distrito Federal.

En conferencia de prensa, Silva Morales desglosó que el 13 de marzo de 1987, el entonces Departamento del Distrito Federal celebró un contrato de compraventa (con Jorge Saldaña) de la casa en cuestión, por la que se pactó un precio de 32 millones 920 mil viejos pesos, estableciendo que en el momento de la firma el DDF tomaría posesión del inmueble, por lo que el 3 de abril y 12 de mayo del mismo año, liquidó 94.2 por ciento, y quedó un saldo pendiente de un millón 938 mil pesos, es decir, 5.8 por ciento.

La venta fue perfecta y obligatoria para las partes, toda vez que se convino sobre el precio y el inmueble se entregó, resumió el oficial mayor.

Amplió que en 1988 se otorgó un permiso administrativo temporal a la Academia Mexicana de Arquitectura, y en 1996 a la Casa de la Cultura de la India en México, en ambos se establece que el inmueble es propiedad del DDF. Tres años después, se advierte a la dirección de Patrimonio Inmobiliario que existe un incumplimiento contractual al no escriturar.

Jorge Silva, oficial mayor del DF, detalló el proceso de comercialización de la casa ubicada en la RomaFoto María Luisa Severiano

En 2011, se firma el convenio de terminación de contrato de compraventa, por el cual el propietario original regresa al Gobierno del Distrito Federal un millón 64 mil 937 pesos, es decir, lo equivalente a los pagos que se habían realizado y la casa se devuelve a Saldaña. Sin embargo, esta acción no contó con la validación del subcomité de análisis y evaluación, ni del comité de patrimonio inmobiliario.

No es práctica legal ni común desincorporar inmueble alguno de patrimonio del gobierno sin antes obtener la aprobación del citado comité y el cumplimiento de los requisitos legales exigibles en diversas leyes, como la de Régimen Patrimonial, concluyó Silva Morales.

A pregunta expresa, el oficial mayor admitió que no existe posibilidad de que el predio le sea regresado al GDF, porque se cuenta con una escritura a nombre de un nuevo propietario, el cual ha causado pleno derecho sobre la propiedad.

Por su parte, el ahora diputado local, Adrián Michel, precisó que este predio nunca perteneció al patrimonio inmobiliario, “ni del entonces Departamento del Distrito Federal ni del ahora gobierno del Distrito Federal, porque no se completó la operación de compraventa acordada en 1987 entre el vendedor, Jorge Saldaña, y el comprador, el DDF (el regente Ramón Aguirre Velázquez), por lo que, puntualizó, no ve razón alguna para que se lleve a cabo una investigación.

Dijo que llama la atención que esto salga a unos días de llevarse a cabo las elecciones. No hay ningún elemento que pudiera hacer pensar que con estas operaciones se buscaba beneficiar al ex jefe de gobierno del DF, acotó.