Debido a los engaños del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que incluso ha cometido frente a la opinión pública, integrantes de los Taxistas Organizados de la Ciudad de México criticaron las declaraciones del secretario capitalino de Movilidad, Rufino León, quien justificó la operación de Uber y Cabify como empresas que celebran contratos privados entre particulares, pese a reconocer en sus reuniones que son un servicio de transporte ilegal, señaló Daniel Medina, vocero de la organización.

Ante las reiteradas contradicciones expresadas por las autoridades, Medina señaló que hay una protección para estas empresas extranjeras, las cuales han sido prohibidas por irregulares en ciudades de sus países de origen: España y Estados Unidos.

Los taxistas expusieron que esta semana las autoridades se desdijeron en tres ocasiones de los acuerdos tomados en torno a los piratas y las empresas Uber y Cabify, contrario a lo que sucedió en el estado de México, donde el gobernador Eruviel Ávila apoyo a sus transportistas concesionarios.

Sin embargo, a pesar de que Ávila había catalogado a Uber como una competencia desleal para miles de taxistas concesionados del estado, ayer cambio su postura y dijo que no está cerrado a la operación de Uber dentro del marco legal de la entidad e instruyó a la Secretaría de Movilidad y a la Consejería Jurídica a iniciar un análisis profundo para encontrar una salida legal y que la empresa pueda operar el servicio de taxi de manera regular en el territorio mexiquense.

El cambio, reveló el gobernador, fue porque tuvo comunicación con varios ciudadanos a través de la redes sociales y pudo constatar que una parte de los mexiquenses está a favor de la operación de Uber, por lo cual recalcó que en su administración hay voluntad y disposición para atender el reclamo ciudadano.

Los taxistas de la ciudad de México lanzaron cuestionaron: ¿De quién, dentro del gobierno del Distrito Federal, es el interés por darle cabida a estas empresas, que sin duda, vienen respaldadas por un gran capital?.

Y reiteraron que asistirán a la mesa de diálogo prevista el próximo martes con autoridades del gobierno de la ciudad, pero seguirán la ruta jurídica porque la ley es clara para quienes dan el servicio de transporte.