Después de un año de procedimientos judiciales y de infinidad de reuniones entre abogados, representantes de la empresa y conciliadores, el juez federal Felipe Consuelo Soto, rector del concurso mercantil de Oceanografía, aprobó ayer el convenio que propuso la firma a sus acreedores, por lo que dio por terminado el procedimiento de concurso mercantil de la contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A partir de ahora las partes en conflicto deberán esperar a que cause ejecutoria el fallo del juez Consuelo Soto, es decir, que concluyan los plazos y términos procesales que señala la Ley de Concursos Mercantiles para que alguno de los acreedores involucrados pueda impugnar la sentencia.

Según consta en un acuerdo judicial publicado este martes en la lista del juzgado tercero de distrito en material civil y que fue hecho público por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Consuelo Soto detalla los alcances del convenio concursal, en el que se detalla la forma en que se pagará la deuda reconocida.

El convenio obliga a todos los acreedores comunes, subordinados, con garantía real o privilegio especial a adherirse al mismo.

Se declara concluido el procedimiento de concurso mercantil de la comerciante, así como la vigencia de las medidas o providencias precautorias dictadas en el procedimiento mercantil, una vez que la presente resolución cause ejecutoria, refiere el acuerdo firmado por el juez Consuelo Soto.

Añade que en consecuencia, dicho convenio y esta sentencia que lo aprueba constituirán el único documento que rija las obligaciones a cargo de la concursada con respecto a los créditos reconocidos.

Abogados especialistas en derecho concursal explicaron a La Jornada que en los siguientes días el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) deberá dejar la administración de la firma para que arranque las operaciones normales.

El convenio también detalla que los acreedores de Oceanografía serán divididos en grupos, a los cuales se les pagará con acciones y rendimientos anuales.

Entre los acreedores firmantes están Ashmore, EIG Global, Moneda, Fratelli Investment, DF Deutsche Forfait, ICE y MLF Trust, entre otros, aunque falta que Citibank (el principal acreedor) avale el convenio.

En abril de 2014 el gobierno federal presentó ante el juez Consuelo Soto la demanda de concurso mercantil para Oceanografía, para protegerla de las acciones legales de sus acreedores y buscar la posibilidad de ordenar el pago de sus adeudos o incluso la quiebra.

El juez Felipe Consuelo Soto cobró notoriedad pública en años pasados, luego de llevar el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, del que se fue por quejas de irregularidades y parcialidad en el desahogo de este asunto.

En el caso de Oceanografía, sólo dos de sus emisiones de deuda ascienden a 495 millones de dólares, tiene créditos sin garantía de 400 millones de dólares con Banamex, deudas de 40 millones de dólares con Banorte y de 220 millones de euros con Rabobank Group.

Para Banamex, institución que fue defraudada con 400 millones de dólares, la demanda concursal no es del todo favorable porque al final de este procedimiento, sea con convenio de acreedores o quiebra, estaría entre los últimos en cobrar.

Lo anterior, porque la preferencia de pago es para los trabajadores, los adeudos garantizados y las deudas fiscales; al final se encuentran los acreedores sin garantía como es el caso de Banamex, que prestó 585 millones de dólares a Oceanografía, 400 millones sin garantía.

El 28 de febrero de 2014 la PGR aseguró las instalaciones de Oceanografía y congeló más de 50 cuentas bancarias debido a la investigación por fraude y lavado de dinero. Su propietario, Amado Yáñez, se encuentra preso.