El martes y el miércoles de la próxima semana, el Estado mexicano deberá comparecer ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU para sustentar su informe sobre la situación integral de la infancia. Sin embargo, el país tiene pocas cuentas alegres que entregar al organismo, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la red, explicó que 18 expertos preguntarán a los representantes del gobierno sobre la crisis de derechos humanos que afecta a los menores de edad. Se prevé que en la sesión de los días 19 y 20 de mayo en Ginebra, el comité también reconozca avances en varios temas, como salud o educación.

Parte del problema es, como en muchos otros temas, la frágil institucionalidad y el nulo cumplimiento de la ley en protección de la niñez, aseguró.

Señaló, por ejemplo, es crítica la situación respecto de los niños desaparecidos, pues de las 23 mil personas en esa situación según los registros oficiales, 7 mil son menores de edad. En lo que respecta a adolescentes, siete de cada 10 desaparecidos son mujeres. Es una gran crisis que no ha sido reconocida y a la cual no se ha dado una respuesta eficaz.

También hay tasas muy altas de pobreza y homicidios de menores. Además, existen acciones institucionales que no protegen, sino violentan derechos humanos. Como ejemplo puso el caso de Alondra Luna, a quien jueces mexicanos enviaron a Estados Unidos, erróneamente fue identificada como hija desaparecida de una familia que residente.

Hay casos más graves, como el de Tlatlaya, donde 22 jóvenes fueron ejecutados de manera extrajudicial por integrantes del Ejército. Cuatro de las víctimas eran menores eran de edad.

El comité de expertos hará recomendaciones al Estado luego de haber revisado el informe y las leyes del país que protegen a la infancia, así como las políticas públicas enfocadas en la niñez y sus resultados.

La Redim ha identificado vacíos en todos estos puntos y también ha hecho recomendaciones, como tomar medidas urgentes en la desaparición de niñas, niños y especialmente de mujeres adolescentes, así como hacer investigaciones exhaustivas con perspectiva de género en cada caso; incluir el enfoque derechos de la infancia en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Tortura; homologar la alerta Ámber en todas las entidades federativas y generar mecanismos de evaluación sobre su efectividad, así como dar apoyo humanitario (educación, transporte, salud, alimentación) a las familias de personas desaparecidas.