Senadores del PRD y PT advirtieron que es necesario avanzar en la legislación secundaria en desaparición forzada y en la Ley contra la Trata de Personas, esta última, congelada en la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, y el senador del PT, David Monreal, dijeron que es urgente que ambos temas sean prioritarios en la agenda del Congreso para el próximo periodo de sesiones.

De la Peña detalló que una vez que concluya la revisión de la reforma constitucional en materia de desaparición forzada en los congresos de los estados, tiene que estar lista la ley reglamentaria, ya que cada mes crece el número de desaparecidos en el país.

La perredista hizo notar que la tercera parte de los desaparecidos son menores de edad, mientas que el número de niños, víctimas de trata aumentó en casi 57 por ciento de 2011 a la fecha.

Expresó preocupación por el estancamiento de la aprobación de la Ley contra la Trata de Personas en San Lázaro, pues la legislación actual es inaplicable y ha permitido que este delito y la impunidad crezcan.

“La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su Informe mundial sobre la trata de personas 2014, alertó que actualmente a escala mundial una de cada tres víctimas de trata de personas son menores de edad y México no es la excepción.”

La legisladora recordó la denuncia de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) por la falta de una estrategia integral y efectiva de autoridades para dar con el paradero de 7 mil 16 menores de 17 años que están desaparecidos.

A su juicio, el dictamen de ambas legislaciones debería realizarse en conferencia entre ambas cámaras ser concordante con la recientemente aprobada Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que la desaparición de menores sea atendida de manera especializada.

Por separado, el senador del PT, David Monreal Ávila, pidió a la PGR un informe pormenorizado sobre el número de detenciones, sentencias y consignaciones por trata de personas. Denunció que entre 2009 y 2014 se iniciaron 2 mil 115 averiguaciones previas, de las cuales sólo 7 por ciento concluyeron en sentencias, lo cual revela el grado de impunidad.

A su juicio, no sólo se requieren leyes que aumenten las penas, sino llevar ante la justicia a los responsables y procurar la reparación del daño de las víctimas.

La trata de personas, insistió, sólo puede darse en un estado social de violencia, abuso, maltrato y discriminación en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes constituyen los grupos de población que en mayor medida son víctimas de los tratantes.