Guadalajara, Jal.

La operación que el gobierno federal realiza en esta entidad y los límites con Michoacán para desmantelar al cártel Jalisco Nueva generación descuida la región norte del estado, donde indígenas huicholes han denunciado en repetidas ocasiones que hay secuestros, amenazas y extorsiones de grupos armados que se apoderaron de por lo menos 10 mil hectáreas de su territorio.

El intenso patrullaje de militares y policías federales dentro de la Operación Jalisco es evidente, sobre todo en el sur del estado, pero es casi nulo en la región norte, donde los wixaritari habitan y padecen de los ataques de grupos delictivos.

Los 10 mil efectivos federales, cantidad extraoficial que la Secretaría de la Defensa Nacional se niega a corroborar, patrullan municipios como Villa Purificación –donde el primero de mayo fue derribado un helicóptero militar Cougar–, La Huerta, Cihuatlán, Autlán, Casimiro Castillo, El Grullo, El Limón, Unión de Tula o Cuautitlán, en una región entre la costa sur y la sierra de Amula donde se han internado aprupamientos del Ejército en busca de miembros de esa organización delictiva.

El primero de mayo en una supuesta misión de reconocimiento, un helicóptero militar avistó un convoy de camionetas con hombres armados sobre la carretera que llega a Villa Purificación; al intentar detener al grupo, la aeronave fue atacada y se estrelló. Murieron ocho militares y un policía federal.

Ese hecho, que inauguró la Operación Jalisco y que según el fiscal estatal, Luis Carlos Nájera, indicaría que en el convoy iban líderes del cártel Jalisco Nueva generación, desató en menos de dos horas respuesta simultánea del grupo criminal, con 39 bloqueos y 16 incendios a comercios y gasolineras en 25 municipios del estado, lo que habría distraído a las autoridades para reforzar la búsqueda de los presuntos capos.

En general hay presencia de fuerzas federales en los cruceros carreteros más importantes del estado, pero la Operación Jalisco se olvidó del norte de la entidad, región que representa 11 por ciento del territorio estatal y en la que desde hace casi un año los huicholes han denunciado agresiones.

El 2 de mayo, en asamblea comunitaria, representantes huicholes de los municipios de Bolaños y Mezquitic acordaron dar un mes de plazo a las autoridades federales para que les sean restituidas las 10 mil hectáreas, antes de comenzar nuevas acciones de protesta.

¿Qué quieren, que haya sangre para actuar?, cuestionó Ubaldo Valdez, secretario de bienes comunales de Tuxpan de Bolaños, en una rueda de prensa que el 8 de mayo realizaron los huicholes en Guadalajara para advertir sobre las constantes amenazas que padecen obligados a trabajar para otros en sus propias tierras.

La falta de protección y justicia para los indígenas es extensiva a la población mestiza, pues se trata de una región donde la inseguridad ha hecho que de cinco años a la fecha muchas familias abandonen sus casas, hartas de la violencia y la impunidad.