Ensenada, BC.

Los propietarios de los campos agrícolas del valle de San Quintín desconocieron el compromiso más importante que Francisco Vega de Lamadrid asumió con los jornaleros movilizados en demanda de un salario mínimo de 200 pesos diarios. Veinticuatro horas después de que el mandatario y autoridades federales festejaron lo que parecía el fin de un conflicto que tiene semiparalizado el sur del estado, reiteraron que sólo darán el 15 por ciento de aumento salarial que habían ofrecido desde que inició el paro, aclarando que no participaron en la mesa de diálogo donde se signaron los 13 acuerdos que parecía dejaban contentas a las partes.

Así, los patrones –varios de ellos funcionarios y ex funcionarios de las administraciones estatales panistas– entramparon al gobernador del estado, quien se había comprometido a procurar que la propuesta (de incremento salarial de los empresarios) se traduzca en un incremento lo más cercano posible a la demanda de la Alianza (200 pesos) y que sea retroactivo al 24 de mayo, en un contexto donde el gobierno federal ofreció formar un fideicomiso para aportar la diferencia que no acepten pagar los agroindustriales.

Durante una conferencia de prensa en la que por primera vez los grandes productores hablaron a nombre propio –siempre usaron al gobierno del estado para que llevará sus propuestas a la mesa– el vocero del Consejo Agrícola de Baja California, Marco Estudillo Bernal, reiteró que los agricultores no pagarán más de 15 por ciento de aumento salarial que concedieron desde el pasado 27 de marzo, y que Alberto Muñoz, representante legal de su organización en la mesa del diálogo –presidida durante 14 horas por David Garay Maldonado, jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación– asistió unicamente para conocer lo que ahí se trataba, pero sin facultades para acordar o negociar.

Formalmente, acotó, ellos no han participado en las mesas de diálogo, y no habrá variación en esa postura ni en el porcentaje. De manera contradictoria, en un desplegado publicado el viernes dicen que sí participaron en la mesa del diálogo, y que ahí se reconoció el histórico esfuerzo de los agricultores de la zona costa de Baja California para, a partir del 27 de marzo de 2015, aumentar 15 por ciento el salario directo, que fue otorgado en dos modalidades: a) por salario mínimo diario y b) por destajo.

En relación al punto 13 de los acuerdos, dicen en su desplegado: estamos a la espera de que el Gobierno Federal nos indique los mecanismos de operación por el cual aportará los recursos adicionales para cubrir el diferencial y responder con el salario señalado.

El punto 13 de los acuerdos firmados la madrugada del 14 de mayo por el gobernador, los jornaleros y el gobierno federal dice: El tema del salario base será pactado en la siguiente sesión a realizarse el próximo 4 de junio en San Quintín.

Aunque el acuerdo, de algún modo abrió un receso hasta el próximo 4 de junio, el ambiente en la reunión fue de concordia. El gobernador, que siempre adoptó la postura de los agroindustriales en la mesa de negociación, dio la impresión de que conseguiría algo más que el 15 por ciento de aumento salarial de sus amigos. Tanto, que hubo abrazos, se acordó liberar a los presos que había a raíz del conflicto, y todos se fueron a su casa cansados pero contentos.

El gobierno otorgó el perdón por daños y quedan libres cuatro indígenas triquis

Antonio Heras Corresponsal

Tijuana, BC.

Con paso lento, los cuatro jornaleros de San Quintín abandonaron la prisión de Ensenada, donde permanecieron desde el pasado sábado cuando fueron detenidos por la la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante los disturbios ocurridos ese día.

La salida de estos jornaleros fue posible luego que el gobierno de Baja California otorgó el perdón por los daños provocados a dos patrullas y un vehículo de asalto de la Policía Estatal Preventiva (PEP), por lo que los trabajadores quedaron en libertad durante la tarde de este viernes al anularse la querella por la reparación, estimada en 26 millones de pesos.

Un agente del Sistema Penitenciario de Baja California los condujo hasta la puerta del penal, donde los esperaba una camioneta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que se hizo cargo del pago de las fianzas.

Dos vestían de pantalón corto y camisetas, los otros portaban pantalón caqui y mostraron huellas de balas de goma.

La mañana del sábado anterior la PEP acudió a en auxilio de un ranchero que advirtió que un grupo de personas se querían meter a su propiedad para incendiar sus parcelas de cultivo. La PEP realizó redadas en la colonia Nuevo San Juan Copala, lo que produjo un enfrentamiento con los jornaleros, que postaban palos y piedras, mientras los policías usaron balas de goma y toletes.

El saldo fue 70 lesionados, entre ellos dos policías, 17 jornaleros detenidos, dos patrullas incendiadas y un vehículo blindado desvencijado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal presentó entonces una denuncia penal por daños en propiedad ajena, lesiones contra dos policías y delitos contra funcionarios públicos y solicitó a la Agencia del Ministerio Público que se fijara a tres detenidos una fianza individual de 7 millones 815 mil pesos y de 542 mil pesos para un cuarto arrestado.

El desistimiento de la reparación de los daños fue uno de los 13 acuerdos adoptados en una reunión en la que participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, del gobierno estatal, de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social y legisladores federales.

El delegado de la oficialía mayor de la administración estatal, Aníbal Santana, acudió ante representantes del juzgado de San Quintín para otorgar el perdón a los integrantes de la comunidad triqui.

El coordinador de la Defensoría Pública en el área penal en Ensenada, Daniel Valeriano Aguilar, dio a conocer que para obtener la libertad de los jornaleros se fijó una fianza por las lesiones a dos policías y delitos contra funcionarios públicos.

La CDI se hizo cargo de las fianzas –17 mil pesos en total– correspondientes a Juan Carlos Chávez, Aarón Francisco Gamboa, Moisés Gil y Antonio Álvarez. El Sistema Penitenciario del Estado fue notificado de la resolución judicial a las 16:30 horas, por lo que inició el procedimiento administrativo para su liberación que se produjo dos horas después.