La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vigilará el cumplimiento de los acuerdos encaminados a dar solución al caso de los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, Baja California.

El seguimiento se dará, explicó la comisión, a fin de que no se repitan las condiciones de explotación laboral contra personas que se encuentran en condiciones de pobreza, lo que es equiparable a una situación de esclavitud moderna. Además, la CNDH considera que las fianzas millonarias impuestas a tres jornaleros, como consecuencia de los hechos del pasado 9 de mayo, deben ser revisadas, pues, sostiene, se aprecian notoriamente desproporcionadas.

El jueves por la madrugada, después de 14 horas de negociaciones con autoridades federales y estatales, los jornaleros de San Quintín lograron una respuesta a su pliego petitorio de 13 puntos, que incluye el compromiso de gestionar un salario base de 200 pesos diarios y otorgar el registro como sindicato nacional a la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.

El organismo aseguró reconocer que las partes hayan adoptado el diálogo como la vía para alcanzar una solución que beneficie a todos los involucrados, y que particularmente fortalezca los derechos fundamentales de los trabajadores del campo.

Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la CNDH, participó como observador en la reunión convocada por el gobierno federal, en Ensenada, Baja California, para dar respuesta a los planteamientos de los jornaleros.