La denuncia de varias organizaciones civiles contra el ex presidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad, derivados de la guerra contra el crimen organizado, no tiene viabilidad, aseguró el ex vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) Bernardo Sepúlveda Amor.

Explicó que la denuncia fue aceptada más por intereses de carácter político del entonces fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, que por méritos de la acusación.

Entrevistado durante el seminario Cuba-Estados Unidos-México, organizado por El Colegio de México, el ex canciller fue interrogado sobre la posibilidad de reabrir la discusión en la CIJ, luego de que el relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez, afirmó en su reciente informe que aqupi la tortura es generalizada.

Los promotores de la denuncia, que se entregó al fiscal el 20 de noviembre de 2011, sostienen que México vive una crisis humana que ha cobrado la vida de 60 mil personas, 10 mil desaparecidos y 1.6 millones de desplazados. Señala como responsables a varios funcionarios públicos, entre los que destaca el jefe del Ejecutivo federal, y los acusa de violar reiteradamente y de forma generalizada los convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma de la CPI.

En el caso de la CPI, pensando específicamente en el ex fiscal Moreno Ocampo, resultaba conveniente, para propósitos estrictamente políticos, diversificar regionalmente los temas bajo la atención de la Corte. Se criticaba que estaba concentrada en acusaciones contra estadistas africanos. Entonces resultaba cómodo incorporar otras regiones. Se inició con Colombia, se quiso seguir con Honduras, y México vino a formar parte del esquema de diversificación no de la CPI, sino de la fiscalía. Hay que ser muy claros, esa acusación no ha tenido seguimiento ni trámite, explicó el actual consejero independiente del grupo ICA.

A mi juicio, insistió, la actual fiscal del CPI, nacida en Gambia, Fatou Bensouda, preferiría mantener el criterio de diversificación, aunque no se dé tramite al caso mexicano, porque los costos políticos para ella serían muy elevados al dar carpetazo al caso mexicano y desestimar una acusación que, a mi juicio, no tiene fundamento.

Acerca de los señalamientos de tortura generalizada en el país, Sepúlveda Amor consideró que el gobierno mexicano debe centrarse en cumplir las recomendaciones que emitan los distintos relatores especiales.