Una veintena de heridos del caso Ayotzinapa han recibido apoyo de la Secretaría de Gobernación (SG). En ninguno de los casos se ha llegado al nivel de reparación del daño, el cual supone el pago de una compensación económica.

El auxilio del Estado incluye a familiares de los sobrevivientes. Es decir, por un lado están quienes recibieron impacto de bala y por otro corren las historias de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado.

En el caso de los heridos, dos permanecen en situación de gravedad, dos más en tratamiento ordinario y el resto fue dado de alta porque sus lesiones eran leves.

Aldo Gutiérrez Solano es el más grave. El joven de 19 años recibió un balazo en la cabeza y se encuentra desde hace casi ocho meses en coma profundo. La bala le atravesó el cráneo y perdió masa encefálica.

El pronóstico de recuperación es ‘‘reservado’’; los médicos que lo atienden en el Instituto Nacional de Neurología no aseguran nada: ni la salida del coma ni recuperar una vida cercana a lo normal.

Aldo tiene 14 hermanos, quienes con sus respectivas familias y los padres del muchacho se turnan para cuidarlo día y noche.

Una ficha de la SG indica que en este caso hay un ‘‘acompañamiento permanente’’ para las víctimas directas e indirectas, en especial para cubrir los gastos que significa ir y venir de Ayutla de los Libres, Guerrero, a la ciudad de México.

Al inicio de este año, los hermanos pidieron que Aldo fuera trasladado a Cuba para obtener una segunda opinión médica. Los galenos de Neurología advirtieron del riesgo de ese movimiento. El primero de mayo pasado solicitaron nuevamente una segunda revisión. La petición está en trámite.

El segundo herido es Édgar Andrés Vargas, trasladado y custodiado por fuerzas federales al hospital general Manuel Gea González. El joven ha sido operado dos veces y espera una tercera intervención. Un balazo le destrozó parte de la cara.

Édgar vive por ahora en la ciudad de México para continuar con su tratamiento médico, ‘‘por lo que se le ha proporcionado hospedaje a él y a su familia, así como protocolos de seguridad para salvaguardar su vida e integridad física’’, informaron a La Jornada fuentes oficiales.

Ambos son testigos del ataque a normalistas la noche del 26 de septiembre. Y ahora, también ambos son alimentados con sonda. Del primero nada se puede asegurar y de Édgar los pronósticos son de recuperación a largo plazo.

Hay dos víctimas heridas más, cuyo nombre no es público por razones de seguridad. También hay normalistas fallecidos (adicionales al grupo de los 43 desaparecidos), cuyos nombres también son reservados. Ahí, obviamente, el apoyo es para los deudos.

La SG dispone de dos fideicomisos para atender personas en situación vulnerable. Uno, para periodistas y defensores de derechos humanos, y otro asignado al cumplimiento de responsabilidades del Estado. El saldo actual de este fondo es de 39 millones de pesos.

En cuanto a los 43 desaparecidos, el soporte gubernamental para los familiares ha sido escaso por voluntad de los padres y los grupos que los apoyan, cuya prioridad es la búsqueda de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero.

Ahora, con la intervención de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se abren expectativas de una reanudación del diálogo con las autoridades federales y de la atención a todos los familiares de los desaparecidos, indicaron ayer funcionarios consultados.