El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) difundir la versión pública de los interrogatorios realizados a 20 militares, como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De igual forma, deberá difundir la versión pública de la averiguación previa de estos hechos, ocurridos en Iguala el 26 de septiembre pasado, sin omitir nombres de los presuntos responsables de los delitos.

Con ello, el Inai revocó la respuesta de la PGR a dos particulares que requirieron esta información, la cual negó aduciendo causales de reserva relativas a las averiguaciones previas e invocando la inviabilidad de abrir la información por causas graves de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, porque ‘‘no han sido comprobados y las investigaciones son por delincuencia organizada, secuestro, homicidio calificado, portación de armas de fuego y contra la salud’’.

La comisionada ponente, Areli Cano, sostuvo que la acreditación de que se trató de violaciones graves se demuestra con la creación de una instancia especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para dar seguimiento, la formación de un grupo de expertos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la integración de una comisión especial en la Cámara de Diputados para este hecho de ‘‘trascendencia nacional e internacional’’.

La PGR no puede invocar esta causal para reservar la información, dijo Cano, quien agregó: ‘‘Se actualiza el criterio cuantitativo, toda vez que los hechos implicaron un número considerable de víctimas, pues se privó de la vida a seis personas y desaparecieron 43 estudiantes’’.

También el criterio cualitativo, porque ‘‘(los hechos) implicaron una variedad de violaciones al haberse configurado diversos ilícitos’’ e involucrar a servidores públicos de las policías municipales de Iguala y Cocula, quienes presuntamente incurrieron en secuestro y delincuencia organizada.

El comisionado Joel Salas apuntó que es importante la apertura en momentos en que el informe de la CIDH señala que aún está pendiente entrevistar a integrantes del 27 batallón de infantería, además de que denuncian la fragmentación de las investigaciones sobre desaparición forzada dispersa en 13 causas radicadas en seis juzgados, ‘‘por lo que recomiendan su unificación a fin de mantener una visión integral del caso y conectar los delitos’’.

También, los expertos de la CIDH señalan que se deben investigar otros delitos, como tortura, tentativa de homicidio y obstrucción de la justicia.

La aprobación de las resoluciones se dio sobre la base de que ‘‘en ambos supuestos se deberá proteger la información confidencial de los inculpados, víctimas, sus familiares, testigos o terceros interesados relacionados con la indagatoria’’.