Diversas centrales obreras, de derechos humanos y campesinas impulsan un proyecto de sindicalización de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, y de otros estados de la frontera, en una organización que incluya a trabajadores del campo de México y Estados Unidos e incluso a migrantes.

Representantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) convinieron ayer que, junto con organizaciones como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), van a plantear el proyecto de crear un sindicato de jornaleros de la franja fronteriza norte del país.

Participa la AFL-CIO

En una reunión que sostuvieron ayer dirigentes gremiales y de la AFL-CIO, esta última central de Estados Unidos señaló que está documentado que empresas del ramo agrícola y agropecuario de ambos países están relacionados en varios sentidos, pero sobre todo en la utilización de mano de obra de mexicanos, migrantes del interior y sur del país, que padecen condiciones laborales de injusticia.

En este encuentro, en que estuvieron presentes los dirigentes de la presidencia colegiada de la UNT, Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, y Francisco Hernández Juárez, dirigente del Sindicato de Telefonistas, así como Lorraine Clewer, de la AFL-CIO, se acordó además que se reunirán recursos para apoyar el pago de las fianzas de los jornaleros de San Quintín encarcelados.

Otros de los acuerdos tomados fueron: apoyar en la construcción de una propuesta de solución; impulsar que en la negociación de los trabajadores agrícolas de San Quintín las alternativas para resolver el conflicto salgan por parte de la clase trabajadora y no del gobierno federal.

El Frente Amplio Social Unitario acordó impulsar un boicot contra productos de Baja California hasta que haya un acuerdo con los jornaleros, así como darles asesoría jurídica, exigir el retiro de la fuerza pública, liberación de los detenidos, castigo a los responsables de la represión y desconocimiento de los contratos de protección firmados por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).