Ensenada, BC.

Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), no acudió de nuevo a la mesa de negociación para resolver las demandas de miles de jornaleros agrícolas de San Quintín.

A las 9:30 de la mañana, los dirigentes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social informaron en la colonia San Juan Copala, de la delegación Vicente Guerrero, que Miranda Nava no acudiría porque estaba hospitalizado en la ciudad de México, debido a una enfermedad que no identificó.

Desde la noche del martes, el subsecretario Miranda solicitó a los dirigentes Fidel Sánchez, Justino Herrera, Bonifacio Martínez, Fermín Espinoza y Juan Hernández que se trasladaran a Ensenada, 200 kilómetros al norte de Vicente Guerrero, para reiniciar el diálogo con funcionarios encabezados por David Garay, jefe de la Unidad del Ministerio Público Federal.

Los aliancistas no accedieron a la petición del funcionario hasta las 10:30 horas, cuando el senador perredista por Morelos Fidel de Medicis les hizo ver que si no asistían a la reunión en Ensenada permitirían a los sindicatos oficialistas (CTM, CROM y CROC) firmar la minuta de acuerdos que se tomaran sin su presencia. El cambio de sede retrasó la negociación.

Los jornaleros viajaron en cinco camiones de transporte público y cinco camionetas particulares, que fueron escoltadas en la Carretera Transpeninsular por el Ejército Mexicano y la Policía Federal, condición puesta por los los aliancistas.

La comitiva partió de San Juan Copala a las 11:45 de la mañana y llegó a Ensenada a las 15:15 horas. Treinta minutos después comenzó la mesa de diálogo en las instalaciones de la Administradora Portuaria Integral de Ensenada. Las pláticas fueron a puerta cerrada.

A las 18:30 horas, sin embargo, las negociaciones se estancaron debido a la demanda del movimiento social de liberar a cuatro jornaleros acusados por el gobierno del estado de ‘‘daños a propiedad pública y privada’’, durante la incursión policiaca del pasado 9 de mayo, por lo que la juez penal de San Quintín, Martha Flores Trejo, les fijó el martes fianzas de 7.5 millones de pesos en promedio a cada uno. Entonces se acordó un receso, porque los jornaleros no cedieron en ese primer punto.

Jorge Contreras, sexto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió a David Garay que la SG solicitara inmediatamente a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga la investigación de los hechos del 9 de mayo en las colonias Lomas de San Ramón, San Juan Copala, 13 de mayo y Gustavo Díaz Ordaz, todas de San Quintín.

El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, dijo que ‘‘el mismo martes’’ solicitó por escrito a la juez Flores Trejo que reconsiderara la fianza, pero hasta las 18:30 horas de este miércoles el mandatario estatal no recibía respuesta.

Por último, más de 300 investigadores, estudiantes y trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá demandaron la excarcelación de los cuatro detenidos, así como resarcir los daños y el respeto a sus derechos humanos.

También se manifestaron por que los gobiernos estatal y federal encuentren la salida justa a las peticiones de mexicanos que se ven obligados a realizar el trabajo más extenuante con salarios insuficientes para una vida digna.

(Con información de Antonio Heras, corresponsal)