l pasado 13 de abril, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se reunió con el consejo permanente de la CEM para dialogar sobre el actual proceso electoral. Nada nuevo: Córdova explicó las nuevas coordenadas electorales y pidió prudencia a los prelados. Acordaron promocionar la participación del voto frente al desánimo ciudadano, la violencia en muchas entidades y la corriente anulista que encabezan distinguidos intelectuales. Días después, la CEM, en un comunicado, expresó: conozcamos quiénes son y qué proponen los candidatos. ¿Tienen principios y los sostienen? ¿Garantizan que trabajarán por reconstruir el tejido social en un país dañado por la violencia, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y la pobreza? ¿Respetarán la vida, dignidad y derechos de la persona? ¿Actuarán con transparencia y honestidad? ¿Velarán por la justicia? ¿Qué proponen para crear fuentes de trabajo y erradicar las causas de la pobreza, o seguirán teniendo a los pobres como clientela electoral?

En los dos últimos procesos electorales los obispos han insistido en denunciar la fractura entre la ética del bien común y las ambiciones de la clase política que se hace patente en los procesos electorales. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, al cuestionar los mecanismos de compra y coacción del voto en su estado, se deslinda correctamente: “No soy quien para dar lecciones partidistas electorales, pero sí para defender los principios éticos que proceden del Evangelio. No me compete calificar las elecciones, pero sí ofrecer criterios morales, para que haya paz y justicia social… Ciudadanos: no nos dejemos engañar por la propaganda, ni comprar por los regalos. Analicemos personas y propuestas antes de decidir nuestro voto”.

Estas posturas sensatas y decididas son bienvenidas, porque fortalecen el sentido electoral de la democracia frente al abuso y prácticas viciadas de los partidos políticos. En ese tenor, Raúl Vera fue más preciso al cuestionar a los políticos en este proceso electoral: Se ha permitido que haya una clase noble de políticos, que viven del erario y cada vez le sale más caro al país mantener este grupo. Para los gustos que tienen y las libertades que se dan, sale muy caro mantenerlos ( Milenio Laguna, 5/5/15). Aunque acotados por las leyes, los ministros de culto tienen libertad de expresión y crítica en el contexto democrático de nuestro país, siempre y cuando no induzcan al voto ciudadano. El semanario Desde la Fe ha presentado editoriales fuertes en términos políticos, que están en la frontera de las prohibiciones que impone nuestro marco jurídico. En su editorial Campañas inmorales (12/4/15), cuestiona al Partido Verde por el regalo de monederos electrónicos, lentes gratuitos, la promoción de vales de medicina, campañas en cine y sobrexposición mediática, vulnerando la equidad de la contienda. Igualmente al PRD: Se llega a la inmoralidad del reparto de despensas, lucrando con las necesidades más esenciales bajo pretexto de que tales insumos no tienen propósito electoral. Y el uso de helicópteros para que los políticos puedan apoyarse los unos a los otros. Denuncia con argumentos y hechos comprobados, pero no llama a votarlos en contra, como hace algunos años hizo el padre Hugo Valdemar, quien levantó un cúmulo de demandas por conductas que tanto el IFE como Gobernación no se atrevían a sancionar e imponer un apercibimiento, equivalente a una tarjeta amarilla.

Sin embargo, aún hay inercias en algunos prelados para inducir al electorado transgrediendo las leyes. Es el caso del llamado del vocero de la diócesis católica de Colima, Jesús Mendoza Preciado, para emitir un voto consciente en relación con los candidatos que avalan el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, motivo por el cual la candidata a gobernadora por el PRD, Martha Zepeda del Toro, con tacto hizo un llamado a los representantes de las diversas iglesias: Tenemos que hacer un llamado a todas las iglesias de nuestro estado para que hagan prevalecer el estado de derecho en torno a no participar políticamente en este proceso electoral. Hay usos entre diferentes prelados por hacer llamados a votar por alternativas políticas que promuevan el modelo tradicional de familia y el derecho a la vida desde la concepción hasta su fin natural. Como ya hemos expuesto, esta iniciativa quebranta los artículos 24 y 130 de la Constitución y el 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como la nueva ley electoral (Legipe), que en su artículo 455 expresa: Constituyen infracciones la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación. Según el artículo 16 de la Ley de Delitos Electorales, se impondrán de 100 hasta 500 días multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Pero el problema no es sólo de las iglesias. En Guanajuato, en el arranque de su campaña, el candidato panista Alejandro Navarro leyó un pasaje de la Biblia y comulgó. Y hay partidos de reciente creación, como Encuentro Social, que cobijan a diferentes pastores evangélicos y protestantes. O la simulación extrema, diría casi cínica, de Casa sobre la Roca, una iglesia disfrazada de ONG por Rosi Orozco. La construcción de una robusta sociedad plural e incluyente depende de la pujanza y calidad de su espacio público. En México hay un claro acotamiento a las iglesias en la plaza político electoral. ¿Es fruto de una laicidad restrictiva? Todas las iglesias de una u otra manera la brincan y a las autoridades les tiembla el pulso a la hora de aplicar la ley y sancionar conforme a ella. Es claro que la libertad religiosa en el espacio público y político está acotada para las asociaciones religiosas. ¿Habrá que reformularla?