diferencia de Michoacán, donde se nombró a un civil dedicado a la política comisionado plenipotenciario (el multiusos Alfredo Castillo, actualmente convertido en gerente del negocio del deporte nacional), o de Tamaulipas, donde Los Pinos no respeta la figura del mandatario formal (el fantasmagórico Egidio Torre) pero lo mantiene al frente de los organigramas de planes de rescate de la ardiente entidad norteña, en Jalisco la opción supletoria o complementaria de un gobernador deficitario (el frívolo Aristóteles Sandoval, cuyos desmedidos sueños de alcanzar la candidatura presidencial priísta de 2018 pueden ya ser colocados en el archivo muerto) ha sido definida por la vía militar por Enrique Peña Nieto con un operador especializado en confrontación directa con el crimen organizado (el hidalguense Miguel Gustavo González Cruz, general de división diplomado de Estado Mayor).

El general González Cruz, graduado en el Colegio Militar como oficial de caballería en 1973, cuenta en su hoja de servicios el haber sido partícipe principal (siendo coronel) en la defensa a tiros que un convoy castrense hubo de hacer en 1996, cuando un grupo de narcotraficantes le tendió una emboscada en una carretera michoacana (en el tramo entre Huetamo y Villa Madero, según recuento de Juan Veledíaz en su blog especializado en asuntos militares http://estadomayor.mx/25278). Actualmente es el comandante de la quinta Región Militar (que comprende Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas), con sede en Zapopan (ciudad conurbada con Guadalajara), adonde llegó hace menos de ocho meses (fue nombrado el 21 de septiembre de 2014) para relevar a otro general de división, Roberto Gustavo García Vergara, quien duró en el cargo nueve meses. González Cruz venía de jefaturar la región militar con sede en Tamaulipas, donde estuvo hasta 2010 (uno de sus logros fue la pacificación provisional de lo que se había convertido en pueblo fantasma, Ciudad Mier, aunque ha de decirse que ni entonces ni ahora la situación crítica de la entidad ha cambiado en lo sustancial). Y de Ciudad Victoria pasó a comandar la región militar de Chiapas, de donde viajó a Zapopan.

La designación del general González Cruz como coordinador de la Operación Jalisco (OJ), que busca detener a los principales líderes del cártel Jalisco Nueva generación (en especial a Nemesio Oseguera, apodado El Mencho) y desarticular a esa organización creciente, dominante y retadora, fue anunciada luego de una reunión del gabinete federal de seguridad pública realizada en Guadalajara, a cuatro días de que el citado CJNG intensificó la que hasta ahora ha sido la mayor ofensiva del crimen organizado contra representantes del Estado mexicano (cinco miembros de la división de gendarmería de la Policía Federal asesinados en Oco-tlán, 15 agentes de la fuerza jalisciense de élite, también emboscados y ejecutados en San Sebastián del Oeste, y seis militares muertos y un helicóptero derribado con un lanzacohetes el pasado día primero, además de decenas de narcobloqueos e incendios y daños a bancos, estaciones de gasolina y comercios).

Es natural que surja una inmediata preocupación por la entrega del mando de una operación tan delicada en términos políticos y sociales a un jefe militar, sin contrapesos civiles ni opciones políticas, encaminado todo al mero uso de la fuerza aplastante, en un contexto que obliga a recordar que históricamente en este tipo de lances han resultado gravemente vulnerados los derechos humanos y las garantías constitucionales (en concordancia con lo decidido, el anuncio del nombramiento ejecutivo debió hacerlo abiertamente el secretario de la Defensa Nacional y no el de Gobernación). Además, puede temerse que el coordinador de la OJ busque venganzas, más que justicia, no sólo en razón del espíritu de cuerpo agraviado por los narcotraficantes el pasado primero, sino incluso a causa de que las tareas de inteligencia y previsión de tales hechos debieron haber sido bien realizadas por elementos de la misma región militar encabezada por el general González Cruz.

No sólo es una virtual declaración de guerra (en respuesta a la que a su vez lanzó el CJNG), sino una claudicación del poder civil, una cesión más en la espiral de control castrense y una toma de control militar justo cuando Jalisco vive una campaña electoral que parece tener arrinconados al PRI y al gobernador Sandoval, con una fuerte vocación de voto en favor de Enrique Alfaro para la presidencia municipal de Guadalajara y de otros candidatos cobijados electoralmente por el partido de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano.

De inmediato, el PRI jalisciense, es decir, el gobernador Sandoval, ha emprendido una grotesca operación propagandística para tratar de involucrar al citado Alfaro en hechos delictivos, aduciendo que un jefe de escoltas de este opositor está en una lista de sospechosos de actividades del crimen organizado. Ayer mismo, Benjamín Guerrero Cordero, apoderado jurídico del PRI de Jalisco, solicitó a la PGR que investigue, a partir de la publicación periodística de esos indicios, que se establezcan los posibles nexos de Alfaro con el narcotráfico).

Las circunstancias jaliscienses (el desplome del gobernador priísta Sandoval y su incapacidad para rendir buenas cuentas electorales en junio próximo) han permitido también el fortalecimiento del discurso institucional acerado. El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, convocó a combatir con unidad ciudadana y acciones legales a quienes describió como apátridas, desadaptados, sin escrúpulos ni conciencia ética, cobardes criminales que son un cáncer que atentan contra el bienestar de la patria.

En ese contexto de necesaria cirugía implacable para exterminar un cáncer social, Enrique Peña Nieto encontró razones para justificar endurecimientos, al decir que los actos violentos del crimen organizado, lejos de frenar la acción del gobierno, fortalecen la determinación del Estado para hacer valer la ley en todo el territorio nacional. ¡Hasta mañana!

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